Una ONG denuncia el "doble rasero" al permitir el empadronamiento de Macarena Olona en Granada y no el de personas migrantes

La ONG 'Alianza por la Solidaridad-ActionAid' ha denunciado este viernes los "dobles raseros" en el cumplimiento del derecho al empadronamiento por parte de los Ayuntamientos, algo que se ejemplifica en el reciente caso de la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, empadronada en un domicilio en el que no ha residido de manera habitual nunca.

La organización, que según ha asegurado ha llevado a cabo una investigación en Ayuntamientos andaluces, que pone de manifiesto que el derecho al empadronamiento, recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, está siendo sistemáticamente incumplido en el caso de las personas migrantes.

Según la normativa, se debe permitir el padrón "en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas". En consecuencia, las infraviviendas de asentamientos como las que hay en los poblados chabolistas como el de Atochares (Níjar) o de Palos de la Frontera "pueden y deben figurar como domicilios válidos", según la ley.

Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación, ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento, público y gratuito, lo que conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes.

'Alianza-ActionAid' ha constatado que no solo hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se ejecutan los trámites, sino que se les exige una documentación que no figura en la normativa o se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse.

Para la coordinadora de Alianza en Andalucía, Ana Gómez, "nos gustaría que las personas migrantes tengan las mismas facilidades que la señora Olona. Sin embargo, con ellas se produce una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia".

Asimismo, Gómez ha señalado que "la Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para que se garantice que cumplen con la normativa existente, dado que se trata de una competencia local".