Tribunales

Ocupación de viviendas y cortes de luz, algunos problemas "especiales" en la Fiscalía de Granada durante el año de la pandemia

  • En la memoria anual, el Ministerio Público destaca la especial incidencia del confinamiento en el tipo de delitos

Las ocupación ilegal de viviendas suben en Granada más de un 20%

Las ocupación ilegal de viviendas suben en Granada más de un 20%

En la actividad normal de la Fiscalía Provincial de Granada también ha tenido reflejo la pandemia de coronavirus y el estado de alarma. El confinamiento ha alterado el tipo o la incidencia de los delitos perseguidos. En material patrimonial, por ejemplo, el Ministerio Público destaca un descenso "considerable" en la incoación de diligencias de tipo penal y lo atribuye a la situación excepcional que ha reducido la movilidad de los ciudadanos. Pero sí pone de relieve la "problemática especial" que se ha detectado en Granada en materias como la ocupación ilegal de viviendas o la defraudación de fluido eléctrico, frecuentemente relacionada con los delitos de cultivo de sustancias estupefacientes, que ha llegado hasta las 109 incoaciones durante 2020.

En la memorial anual de la Fiscalía Provincial, contenida a su vez en el mismo documento de la Superior de Andalucía, el asunto de los cortes de luz merece una mención especial. Bajo el epígrafe titulado "Problemática de los enganches ilegales", la Fiscalía de Granada expone que "la situación reseñada el año anterior sigue sin resolverse", y que hay varios barrios de la capital expuestos a continuos cortes de luz "a consecuencia de los enganches ilegales a la red eléctrica".

"Afectan, en especial, a sectores desfavorecidos como pueden ser ancianos, menores o dependientes, para quienes el suministro referido es un elemento imprescindible para, en ocasiones, su asistencia personal y médica", expone la Fiscalía, que pretende "hacer constar la insuficiencia de la respuesta penal para solucionar la situación que se deriva de dicha problemática, dada la consideración per se del engancheilegal como un delito leve, con una respuesta punitiva igualmente leve".

Por otro lado, continúa la memoria en alusión a este problema, "en no pocas ocasiones los referidos enganches están ligados a cultivos intensivos de marihuana, con lo que la rentabilidad económica se multiplica y hace que las penas sean todavía menos disuasorias".

Se han incoado diligencias civiles por la Fiscalía Civil para "intentar lograr una solución al problema, que con un marcado carácter social se alarga en el tiempo".

También "se han presentado en Fiscalía numerosos escritos de colectivos vecinales y políticos" y existe un grupo de trabajo formado por diferentes representantes de las Administraciones afectadas para intentar solucionar el problema. Los escritos se han canalizado en el seno de la Fiscalía en diligencias preprocesales no penales "al considerar que no existe delito por parte de la empresa sin perjuicio de instar a tomar las medidas que contribuyan a su solución, la cual perdura desde hace varios años y parece perpetuarse". 

En relación a la pandemia, la memoria de este año también incluye una referencia al procedimiento interpuesto por la asociación de Consumidores ACUS contra la Orden de la Junta sobre uso de mascarillas y otras medidas de prevención frente al Covid. El asunto fue archivado.

Baja la siniestralidad laboral un 50% por la inactividad

Otro de los aspectos en los que ha incidido la pandemia es en el descenso de la siniestralidad laboral. La Fiscal Delegada de esta materia en Granada señala un importante descenso en las causas incoadas relacionadas con delito de riesgo y/o lesiones- homicidio por imprudencia. Se reduce en un 50% el número de fallecidos en accidente laboral, frenando la tendencia advertida desde el año 2015, año a partir del cual comienza un ascenso continuado en los accidentes mortales.

En el año 2015, se registraron dos fallecidos en accidente laboral, en el año 2016 se incoaron cuatro causas por fallecimiento en accidente laboral , en año 2017, fueron cinco los trabajadores fallecidos en accidente laboral, en el año 2018 , cinco personas perdieron la vida en accidente laboral y en el año 2019 se elevaron a ocho los procedimientos judiciales por muerte registrados en la Sección de siniestralidad laboral.

Si bien suponen un descenso importante, estos datos "deben encuadrarse en un contexto socioeconómico determinado que se ha mantenido en los tres últimos trimestres del 2020 en España, derivado de la pandemia y que ha supuesto no sólo la paralización durante meses de la práctica totalidad de actividades no esenciales, sino una crisis económica , social y laboral sin precedentes, con altos niveles de desempleo que se mantienen en la actualidad", expone la fiscal, quien añade que "resta conocer, si con la deseable recuperación, se inicia una tendencia que reduzca los niveles de siniestralidad en la provincia por una mejora en la conciencia de prevención o bien reanudada la actividad económica en los distintos sectores, se mantienen la tendencia alcista observada en los años anteriores".

No obstante, destaca la fiscal que el número de fallecidos "sigue siendo elevado", si bien es cierto que en más de la mitad se vincula con el sector agrario que por ser actividad esencial no ha sufrido restricciones en el 2020.

Según los datos aportados por la Jefatura de la Unidad de Seguridad y Salud de la Inspección de Trabajo de Granada y contrastados por la Fiscalía, de los cuatro fallecidos, dos de ellos eran peones agrícolas, siendo uno de ellos fijo discontinuado y el segundo indefinido en la empresa. Los otros dos trabajadores fallecidos, contaban con categoría de peón en la construcción, uno de ellos tenía un contrato temporal por obra y servicio y el último no se ha registrado contrato con ninguna empresa "siendo un dato clave en la investigación conocer si realizó la tarea con un vínculo meramente de amistad con aquel que la encargó o se encontraba trabajando sin contrato y alta en la Seguridad Social".

Salas pequeñas y no ventiladas

En cuanto a las condiciones de trabajo en la actividad judicial durante el año de la pandemia, señala la memoria que "no son infrecuentes las suspensiones por contagios o asilamientos por contacto estrecho con enfermos de Covid, así como los riesgos por la presencia de un número elevado de personas, en salas pequeñas y no ventiladas, durante prolongados períodos de tiempo". Por eso se han recomendado "mayores esfuerzos por lograr acuerdos de conformidad entre partes, evitando desplazamientos entre provincias de profesionales y asistencia a juicio oral, ofreciendo una respuesta que minimice riesgos y redunde en beneficio de la víctima y perjudicados". Además, a esto hay que añadir que en los Juzgados de lo Penal de Granada "no se hace uso de herramientas y programas informáticos para la celebración de juicios orales".

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