El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada va a instar al pleno a que pida al Gobierno de España modificar la ley para desalojar a los ‘okupas’ en un plazo de 24 horas y mejorar la protección de los propietarios -ya sean personas físicas o jurídicas- y de los poseedores legítimos de una vivienda o inmueble, con el objeto de que puedan recuperar la plena posesión de su vivienda cuando se vean privada de ella sin su consentimiento.

Así lo ha explicado este jueves la concejal del PP en el consistorio de Granada, Pepa Rubia, quien ha expuesto que “este grave problema del que hablamos no es un tema de derechas ni de izquierdas, es un delito, habiendo aumentado el fenómeno de la Ocupación Ilegal de viviendas en España, e incrementándose las denuncias por allanamiento u ocupación de domicilios”.

Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos cinco años las ocupaciones de viviendas crecieron un 63%, y según datos facilitados por la ‘Plataforma de Afectados por la Okupación en España’, es un problema que afecta a más de 120.000 familias, siendo a día de hoy una media de 40 los inmuebles que se ocupan cada jornada.

Pepa Rubia ha señalado que “Granada no es ajena a este fenómeno que en los últimos años va en aumento en nuestra ciudad y que está generando problemas de inseguridad, insalubridad y de convivencia”, y ha añadido que “según los datos de las oficinas judiciales de Granada, podemos comprobar cómo han aumentado en un alto porcentaje las denuncias penales contra ‘okupas’ y los desahucios de viviendas contra ignorados ocupantes, las cuales se han convertido en reclamo y refugio de delincuentes comunes, tráfico de drogas y presuntos autores de delitos más graves, empeorando enormemente no solo la situación de las comunidades de vecinos afectadas, sino la de todo el barrio”.

Como ejemplo, la edil popular ha traído “la calle Concepción, donde la Policía ha llegado a tener seguimientos en la zona continuos, siendo tema recurrente de los vecinos que nos trasladan su preocupación y miedo y piden ayuda en la Juntas Municipales de Distrito (JMD)”, además ha mencionado otros casos, “conocidos a través de los medios de comunicación, de casas ocupadas en el Albaicín, Gran Capitán, calle Jardines y el caso del rescate de animales encerrados en un cortijo ocupado en la capital que fue noticia y hace pocos días”.

Pepa Rubia ha reseñado que “la Ocupación Ilegal anula y perjudica principios de orden constitucional, como es el de Seguridad Jurídica -art. 9 de la C.E.- y la Libertad de Empresa -siendo múltiples los afectados como personas físicas o jurídicas- y daña la imagen de nuestro país, si no somos capaces de ofrecer mecanismos serios y directos que permitan el cese de esa situación ilegal.

Rubia ha aclarado que “no podemos confundir estos casos de ocupación ilegal, con los casos de vulnerabilidad o exclusión social, situaciones en las que tiene que haber una implicación del Gobierno central de Pedro Sánchez, pero no a costa de un ciudadano que ve no solo un ataque a su propiedad -que es un derecho reconocido en la Constitución Española, en las leyes civiles y el pilar donde se sustentan las sociedades modernas-, sino que tiene que seguir abonando impuestos -como el IBI o el impuesto de patrimonio- y el pago de la comunidad, en procesos judiciales interminables, superando la media de dos años para poder recuperar finalmente la vivienda”.

Así, desde el Partido Popular, “avalados por la estadística y por la profundidad de este problema, proponemos las siguientes iniciativas”, ha enumerado la edil del PP, “desalojo exprés en 24 horas; modificación de los art. 245 y 269 del Código Penal, recuperando el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de 3 a 5 años; habilitar a las Comunidades de Propietarios como personas jurídicas para iniciar los procesos de recuperación de las viviendas; declarar nula la inscripción de un ‘Okupa’ en el padrón oficial; prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio; y devolver las cantidades abonadas por el propietario de esa vivienda que ha sido ocupada”.

Pepa Rubia ha concluido que “esta moción que presenta el Partido Popular debe salir por unanimidad, el PSOE de Pedro Sánchez y de Granada no puede dar la espalda a los ciudadanos, quienes manifiestan su preocupación y le piden ayuda para acabar con situaciones delictivas e ilegales”.