El PP insta a la Junta a pagar y evitar la "asfixia" de los centros

"La Junta ha tenido a las familias y a los centros en vilo", denunció ayer en rueda de prensa la portavoz de Educación del PP en el Parlamento andaluz, Marifrán Carazo, al referirse a la "asfixia" económica que siguen padeciendo muchos de estos recursos educativos, públicos y conveniados, por la mala planificación de la administración autonómica.

Según informa la agencia Efe, Carazo lamentó que el inicio del curso escolar se esté realizando de manera "anormal" e "in extremis", especialmente por la incertidumbre generada en las guarderías y en numerosas familias.

Carazo exigió además a la Junta que se comprometa con todas las escuelas infantiles a un calendario de pago para todo el curso y ha recordado que la deuda aún se mantiene en una o dos mensualidades.

A su juicio, no se puede hablar por tanto de "normalidad" en el inicio del curso cuando han continuado hasta última hora las amenazas en el comienzo de la actividad de las guarderías, lo que ha generado "graves problemas" para muchas familias.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, acusó al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, de usar la educación como "como negocio", ya que desde 2009 se niega a conveniar con la Junta las 600 plazas de 0 a 3 años, como sí hacen el resto de ayuntamientos. "Así puede imponer el PP sus requisitos y priorizar la entrada de niños cuyos padres tienen trabajo frente a familias en paro", dijo, quien acusó a Torres Hurtado de convertir la Fundación Educa, que gestiona las escuelas infantiles municipales, en "un negocio para el Ayuntamiento, al que sólo pueden aspirar los ricos mientras que los granadinos en paro se quedan en lista de espera".

Cuenca explicó que, "tras nueve años de gobierno popular, las escuelas se han convertido en cajas registradoras donde no tienen cabida los hijos de los granadinos que sí pagan impuestos y que por desgracia ahora están en situación de desempleo".

La concejala responsable de Educación de los socialistas, Jemima Sánchez, argumentó que otro aspecto controvertido es la forma de baremar las plazas de la Fundación Granada Educa y puso como ejemplo que "una familia en la que los dos cónyuges están trabajando tienen dos puntos más en el baremo frente a una familia de personas desempleadas". Este modelo excluye a unas familias y beneficia a otras.