El PP pide el cese del jefe de la Policía Local tras fijarse la fecha de su juicio por supuesto acoso laboral

El concejal del PP, Antonio Granados. / G. H.

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Granados, ha reprochado al alcalde, Francisco Cuenca su presunto "trato de favor" hacia el jefe de la Policía Local tras fijarse la fecha de su juicio por supuesto acoso laboral sin que se haya iniciado una apertura de "información reservada o expediente disciplinario".

Granados, ha reclamado el cese del superintendente y ha recalcado que el propio gobierno local estableció un protocolo para aquellos casos en los que cualquier funcionario estuviera investigado o pendiente de juicio oral.

Sin embargo, en este caso "no le han abierto información reservada", declaró el portavoz adjunto indicando que el PP solicitará al gobierno local que aclare el motivo por el que se ha saltado el procedimiento, pese a la notoriedad del esta situación en los medios de comunicación.

A su juicio, al no ejecutar dicho protocolo, Cuenca "está haciendo un presunto pago de favores" al jefe de la Policía Local.

De igual modo, ha relatado que actualmente "hay diez plazas para funcionarios en oposición libre" y al PP le ha llamado la atención que la valoración psicológica, tradicionalmente realizada por el gabinete de atención al funcionario se haya externalizado.

Por este motivo, el grupo popular quiere conocer todos los detalles relativos al proceso de contratación de ese servicio externo, "si se ha invitado a empresas o si se ha contratado a dedo” y el motivo de esa "cierta arbitrariedad· para una "prueba tan importante".

La explicación del equipo de Gobierno

La concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz ha respondido al PP minutos después en el marco de la comisión de Economía. Según ha explicado la edil, la denunciante nunca se dirigió al gabinete de prevención de riesgos, a la concejalía ni otro organismo municipal para mostrar su disconformidad. "No ha recurrido a ninguna vía en defensa de sus derechos; se fue directamente al procedimiento penal por lo que se determinó que, abrir expediente podría solaparse con esta vía".

Ruz ha asegurado que se ha hecho de la misma forma que con otros casos con un proceso penal abierto.

En cuanto a la externalización de la valoración psicológica, simplemente se detalló que se dedició hacerlo mediante un contrato menor y, dado que había dos ofertas, se optó por la más económica.