El PP y Vox han echado en cara este martes al Gobierno que haya indultado de manera parcial a Juana Rivas y María Sevilla, dos madres condenadas por "secuestrar" a sus hijos, para complacer al movimiento feminista, según han coincidido ambos partidos en la Comisión de Justicia celebrada en el Congreso de los Diputados. Así le han respondido los diputados Miguel Ángel Jerez (PP) y Carlos Zambrano (Vox) a la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez, que ha comparecido en la Comisión de Justicia para informar de los indultos concedidos y denegados en la segunda mitad de 2021.

Sánchez ha defendido que, durante ese periodo, el Gobierno de coalición concedió sin "favoritismo" cinco indultos, todos parciales, a dos hombres y tres mujeres -uno de ellos el de Rivas-, al tiempo que ha precisado se denegaron 1.744 solicitudes.

Y sobre Rivas, la mujer de Granada condenada por el Tribunal Supremo a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores, la subsecretaria de Justicia ha explicado en el Congreso que, como no había unanimidad entre el tribunal sentenciador y la Fiscalía, no fue posible concederle un indulto total y se dio "condicionado a que no vuelva a cometer el mismo delito".

En el turno de preguntas, Jerez se ha centrado en reprochar al Ejecutivo un uso partidista de la medida de gracia en beneficio de "mujeres que secuestran a sus hijos", para lo que ha nombrado tanto a Rivas como a María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre también indultada de forma parcial y condenada por el mismo delito.

"Lo que vale para una vale exactamente para la otra", ha criticado Jerez, que ve cuestiones ideológicas en ambos perdones. "Lo importante ya no es la señora Llop, sino la señora Montero", la ministra de Igualdad, que es la que "propone" a quién indultar porque dice que ese poder, ha dicho, es del "movimiento feminista".

En la misma línea, el diputado Carlos Zambrano, de Vox, ha asegurado que el Ejecutivo emplea de manera "torticera, política y partidista" la herramienta del indulto: "No cabe duda de que eso ha sido así, sigue siendo así y está marcando la legislatura". "¿Son pocos indultos? Depende cómo se mire, pues para unos casos" -y aquí ha mencionado a Rivas y Sevilla- "son muy indulgentes", ha añadido.

Para el parlamentario de Vox, el Gobierno está utilizando el perdón a condenados como un "peaje" para satisfacer al "feminismo radical" y "a costa de la Justicia". "Está convirtiendo la discrecionalidad en pura arbitrariedad", ha considerado Zambrano.

La subsecretaria de Justicia ha comparecido en el Congreso para hacer balance de los perdones otorgados por el Gobierno durante el último semestre de 2021, un periodo que coincide con el nombramiento como ministra de Justicia de Pilar Llop, que hace un año relevó en el cargo a Juan Carlos Campo. Desde julio a diciembre del año pasado, no obstante, el Ejecutivo denegó 1.744 solicitudes.

Sobre Rivas en particular, Ana María Sánchez ha explicado que, como no había unanimidad entre el tribunal sentenciador y la Fiscalía, no fue posible concederle un indulto total y se dio "condicionado a que no vuelva a cometer el mismo delito". 

Frente a las críticas de PP y Vox, la representante del Ministerio de Justicia ha señalado que el indulto "no puede ser usado para consolidar favoritismos" y que este Gobierno no se mueve por "compadreos", sino por el "interés general", ha destacado. En el segundo semestre de 2021, el Gobierno recibió 1.376 solicitudes de perdón, un 22,5 por ciento menos que la primera mitad del año, cuando llegaron al Ministerio 1.818, lo que refleja, en palabras de Sánchez, una "tendencia de disminución" en el número de peticiones, ya que en 2015 hubo más de 5.000 y en 2020, 3.275.

Los 5 indultos fueron aprobados en las reuniones del Consejos de Ministros del 16 noviembre y 21 de diciembre. De las tres mujeres indultadas, la subsecretaria de Justicia ha detallado, sin dar nombres, que una había cometido un delito contra las relaciones familiares, en alusión a Rivas, y dos lo habían hecho contra el patrimonio, el mismo delito que se perdonó a los dos hombres.

Sánchez ha explicado, pero de nuevo sin nombrar a Rivas, que del total de indultados, la máxima pena correspondía a la mujer granadina, condenada por el Supremo a dos años y medio de prisión. Entre los agraciados con el indulto, el menor de los castigos eran los seis meses para un autor de un delito contra el patrimonio.

La subsecretaria ha querido destacar que no hubo ningún indulto en la segunda mitad del año pasado con los dos informes desfavorables, es decir, del tribunal sentenciador y la Fiscalía. En uno, el de Rivas -como ha recordado, aunque sin mencionarlo expresamente- había empate en el informe del tribunal sentenciador: la mitad de los magistrados se mostraba a favor, y la otra mitad en contra del indulto parcial, pero con el visto bueno de Fiscalía.

Respecto a las solicitudes denegadas (1.744), el 91 por ciento tenía los informes desfavorables tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía, ha informado Sánchez en la Comisión de Justicia. Entre las peticiones, 217 fueron de mujeres (un 12%) y 1.527 de hombres. Tanto para hombres como para mujeres, la cifra más elevada de expedientes denegados se referían a delitos contra el patrimonio, seguida por los concernientes a la salud pública.

Como colofón, la subsecretaria de Justicia ha respondido al PP que haga una reflexión, dado que Mariano Rajoy, cuando era presidente, manifestó en 2017 que había que "ponerse en el lugar" de Rivas, por aquel entonces en paradero desconocido con sus hijos. 

En defensa del Gobierno ha salido la diputada Elvira Ramón, del PSOE, que ha afirmado que el Gobierno de coalición está haciendo un uso "racional y equilibrado" de la medida de gracia y que tiene la potestad para hacerlo, pero con unos límites: no indultar a personas condenadas por tráfico de drogas, violencia machista o corrupción.

Sobre el indulto a Rivas, la diputada socialista ha señalado que las críticas a este caso concreto responden a un "machismo patológico", "digno de tratamiento", tanto del PP como de Vox.

Ramón ha indicado que el PP y Vox han tratado de sacar tajada del "celo ideológico" del juez de lo Penal de Granada que rechazó en 2021 suspender la ejecución de la pena prisión impuesta a Juana Rivas tras la petición de indulto al entender que no concurría "ninguna circunstancia" que la hiciera "especial merecedora".

A juicio de la diputada, la condena que se le impuso era "excesiva", pero ni al PP ni a Vox les importa Rivas, ha dicho, sino "atacar al Gobierno y deslegitimar sus acciones". Acto seguido, ha reclamado a los 'populares' que dejen de ser "constitucionalistas a tiempo parcial" y se sienten a renovar órganos "totalmente bloqueados" como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).