El PP, abanderado de la libertad de expresión tras el boicot a Rubalcaba

El presidente del PP de Granada y de la Diputación, Sebastián Pérez, anunció ayer el impulso de una moción en la institución provincial y los ayuntamientos de la provincia en defensa de la libertad de expresión de los "servidores públicos", después de que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuviera que suspender el jueves la conferencia que tenía previsto impartir en la Universidad de Granada ante una protesta de medio centenar de integrantes del movimiento 15M.

Pérez advirtió de que "si hay algo sagrado en una democracia es la palabra" y si "un ciudadano elegido democráticamente" para exponer sus ideas por la geografía nacional o "un líder político" no pueden dar una conferencia en una universidad "algo está fallando". El presidente de la Diputación indicó que lo ocurrido el jueves con la conferencia de Rubalcaba le da "vergüenza ajena" y quiso salir "en defensa" del líder socialista este asunto, a pesar de que, según apuntó, "tiene una ideología política contraria" a la suya, toda vez que "en el mismo instante en que se impide el uso de la palabra a un servidor público" se está "lesionado gravemente la democracia".

Para el presidente provincial del PP la actitud del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, durante la protesta que impidió la conferencia fue "impecable" y opinó que esta universidad, la segunda más antigua de España, tiene que seguir siendo un "referente" en innovación, desarrollo y progreso, en vez de convertirse en "portada nacional" por un "escándalo" de estas características, después de que se hayan producido episodios similares con otros dirigentes, como, según recordó, ocurrió en su día con Manuel Fraga.

La reacción del PP, por raro que parezca, fue más crítica todavía que la que mostraron ayer los dirigentes socialistas, sobre todo teniendo en cuenta que en el horizonte se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que el PSOE se opone frontalmente. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, aseguró ayer que aunque a los socialistas les parece "mal" que no se deje hablar a las personas, están en contra de que quienes protestaron vayan a la cárcel o se les impongan sanciones económicas como las que prevé el proyecto legislativo del Gobierno.

Algo menos tibia fue la respuesta realizada por la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, Rafaela Crespín, que manifestó que aunque muchas manifestaciones y protestas de ciudadanos estén justificadas en estos duros momentos, no se pueden permitir, bajo ningún concepto, "actitudes antidemocráticas" como las que se pusieron de manifiesto el jueves en la ciudad de Granada. Crespín indicó que la democracia tiene su sitio y tiene articulados sus foros de negociación y de acuerdo y agregó que hechos como el del jueves suponen "atentar contra la libertad de expresión".