"Los concejales serán expulsados automáticamente del partido si finalmente se abre juicio oral". Así de contundente se mostró el pasado mes de febrero el presidente del PP-A, Juanma Moreno, sobre el futuro de los concejales imputados en el caso Serrallo. "En estos casos se abre un expediente informativo que supone la suspensión automática de militancia", subrayó Moreno para asegurar a continuación que el partido actuaría "conforme a los estatutos". Apenas tres meses después, el PP de Granada reculó ayer para señalar que el partido "no se pronunciará sobre la situación de estos concejales hasta que no se resuelva el procedimiento judicial al completo", para lo que se basan en que tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada, personado en la causa, pidieron sacar a los ediles del caso Serrallo.

De los nueve concejales imputados, seis de ellos permanecen en el Ayuntamiento -María Francés, Telesfora Ruiz, Juan Antonio Fuentes, Juan García Montero, Francisco Ledesma y Fernando Egea-, mientras que Isabel Nieto dimitió cuando estalló el caso Nazarí y Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera no formaron parte de las listas electorales en las elecciones de 2015. Con la postura del PP de mantener la afiliación al partido de los ediles y, de paso, su pertenencia al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, el partido ataja la catarsis que significaría que seis actuales concejales tuvieran que dejar el acta de concejal o pasar al grupo de no adscritos. En el caso de que finalmente los ediles abandonaran el Ayuntamiento, sus puestos en la bancada popular serían ocupados por Jorge Saavedra, Juan Francisco Gutiérrez, Virginia Ortiz, Francisco Prados, Estrella María Martínez Salas y Manuel Francisco García Delgado, los siguientes en la lista electoral presentada en las municipales de 2015 aunque, en algunos de estos casos, podría darse la circunstancia de que renunciaran a las actas de cocnejal y la lista tuvieran que correr aún más.

"Hasta que no se resuelva el procedimiento judicial al completo no habrá pronunciamiento"

Pero este es un escenario que ayer desechó el secretario general y presidente en funciones del PP de Granada, Pablo García, que defendió que la Fiscalía " no hace reproche penal alguno a los seis concejales, que se limitaron únicamente a votar a favor de un expediente urbanístico en el que no intervinieron como responsables políticos del mismo". También apuntó que el propio Ayuntamiento de Granada no acusó tampoco a los seis ediles, a pesar de estar personado como acusación particular en el procedimiento "al entender que no tienen responsabilidad alguna en el caso". Pablo García trasladó su "respeto absoluto" hacia la decisión de la jueza del caso Serrallo, como siempre ha mostrado el PP", aunque consideró "sorprendente e inaudito" que se decrete la apertura de juicio oral "cuando aún no se han resuelto varios recursos contra las decisiones del juzgado que están pendientes de pronunciamiento de la Audiencia y que podrían dar la razón a los ediles". En este sentido, el secretario popular aludió a que se puede estar tomando una decisión "lesiva" para la presunción de inocencia de los concejales del PP, "puesto que no se ha terminado el procedimiento judicial antes de llevarlo a juicio".

El secretario general del PP señaló que el caso Serrallo "se monta por parte de determinadas estructuras de poder con la única intención de abortar una moción de censura contra el actual alcalde del PSOE, Francisco Cuenca". "La ciudad de Granada lleva más de un año con un alcalde imputado por tres graves delitos, como son malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas, y nadie dice nada ni se le exigen responsabilidades; el primero, su propio partido y su secretario provincial, José Entrena, que lo amparan y protegen a toda costa", subrayó Pablo García para certificar a continuación que la postura del PP de Granada "no varía" pese al auto judicial conocido ayer.Tampoco cambia la situación Francisco Ledesma, que pidió a la jueza una fianza de 50.000 euros a cada una de las acusaciones populares para hacer frente a los daños que le ocasionaría el aislamiento de la vida política. En el auto de ayer la jueza desestimó este recurso, aunque de momento seguirá trabajando en el Ayuntamiento.

En definitiva los seis actuales concejales del PP continúan en sus puestos, suerte que no ha corrido el exministro Zaplana, que ayer mismo fue suspendido de militancia tras ser detenido.