El PSOE acusa a la Diputación de querer liquidar Visogsa para "regalarla"

Un día después de que la Diputación anunciara que la empresa provincial de vivienda y suelo (Visogsa) tuvo que afrontar en 2013 el pago de 1,3 millones de euros por indemnizaciones, el PSOE contraatacó ayer. El grupo socialista denunció que la institución presidida por Sebastián Pérez quiera liquidar la entidad para "regalarla" a manos privadas. El portavoz del PSOE y ex consejero delegado de Visogsa, José Entrena, advirtió de que el gobierno 'popular' pretende justificar el cierre y la privatización de Visogsa utilizando como coartada informaciones "totalmente falsas" sobre la herencia recibida y la responsabilidad del PSOE en la mala situación económica de la empresa.

A ojos de Entrena, esta entidad "ha sido tradicionalmente la joya de la corona de la Diputación Provincial con beneficios que llegaron a alcanzar los cinco millones de euros en 2010". El representante socialista indicó que el legado que dejó el PSOE en Visogsa al nuevo gobierno 'popular' en el verano de 2011 fueron 30 millones de euros (16 millones en sus cuentas corrientes y subvenciones públicas pendientes de cobro por promociones ejecutadas por valor de 14 millones).

De esta forma, salió al paso de las declaraciones del vicepresidente segundo de la Diputación, José Robles, quien el pasado miércoles lamentó que Visogsa tuviera que dedicar 1,3 millones de euros al pago de una indemnización debido a una sentencia desfavorable por un proyecto urbanístico que finalmente no vio la luz.

Entrena, que fue consejero delegado de la empresa durante esta operación, repasó los hechos para demostrar la falsedad de las declaraciones de Robles. Así, recordó que en mayo de 2003, el Ayuntamiento de la capital cedió a la Diputación el derecho de superficie sobre una parcela en el que estaba previsto la construcción un centro lúdico deportivo y un parking subterráneo con 700 plazas a cambio de 903.750 euros.

Tras la fase de licitación, Visogsa adjudicó el aprovechamiento de la cesión en 2006 a una empresa por 1,7 millones de euros. De esta forma, la operación generaba unos beneficios de 867.250 euros para la empresa de vivienda.

En cambio, entre 2008 y 2009, la empresa decide dar marcha atrás, pide la devolución del importe abonado y reclama la anulación del contrato. Bajo el aval de informes técnicos, el entonces gobierno socialista de la Diputación consideró que no existían causas objetivas para la devolución del importe y se inicia un proceso judicial que se salda con una primera sentencia de diciembre de 2012, que condena a Visogsa a devolver el 50% del importe recibido más intereses.

Recurrida esta decisión, una nueva sentencia de noviembre de 2013 mantiene la devolución del 50%, si bien revoca el abono de los intereses legales, por lo que no existían pérdidas al haber recibido una cuantía previa de 1,7 millones.