El PSOE en el Ayuntamiento de Granada va a presentar este viernes al pleno mensual una moción para reclamar a Junta de Andalucía y Ayuntamiento celeridad en la protección como BIC del Valle del Darro, un expediente que se ha reactivado pero que aún no está cerrado tras la fase de alegaciones que terminó el pasado diciembre.

El concejal socialista Juanjo Ibáñez ha dicho que esta moción contiene cuatro acuerdos para dar la máxima protección a este entorno, por lo que pide que se acepten las alegaciones presentadas tanto por el PSOE como por la plataforma en Defensa del Valle del Darro. 

"Tanto Junta como Ayuntamiento están modificando sus planes urbanísticos, el POTA y el PGOM, y pedimos que se incluya la protección del Valle, que lleva un proceso demasiado largo y que aunque se han dado pasos, aún no se ha cerrado el expediente", algo que les preocupa.

Cierre del anillo y viviendas en El Fargue

También advierten los socialistas que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, "no ha renunciado al cierre del anillo públicamente", por lo que entienden que "deja abierta la burbuja especulativa" en la zona. 

Otro asunto es el crecimiento urbanístico por el Fargue, unas de las pocas zonas de la ciudad con suelo libre para la construcción de viviendas, algo que también les preocupa a los socialistas. 

"El PP está mostrando ya lo que sí es de verdad su proyecto urbanístico que es el ladrillo y la especulación. Nosotros apostamos y se recoge en ese PGOM no por la expansión sino por la rehabilitación"·, ha comparado Ibáñez, que pide a Carazo que apoye la moción para aumentar esa protección del Valle del Darro. "En las últimas semanas hemos visto cómo Carazo empieza a mostrar el que es su modelo de ciudad: la presión urbanística, abrir las puertas a la especulación y meternos de nuevo en el mundo del ladrillo. Sabemos que el PP, y Carazo es el PP, siempre es muy solícito a caer en manos de las presiones de los constructores que proponen modelos poco sostenibles de ahí que busquemos la máxima protección para evitar sorpresas”.

Ibáñez dice que es una necesidad que se disponga ya "del máximo nivel de protección", con "ambición y celeridad".

Ahora, una vez que en diciembre finalizó el plazo de alegaciones, está en procedimiento administrativo que piden "sea lo más rápido posible".