"Sería interesante ver de qué comerían los 16 concejales del PP si se quedaran sin sueldo y compararlos con la lista socialista". El edil del PSOE y secretario general de su partido en la capital, José María Rueda, se refirió ayer con estas palabras a una de las posibles consecuencias del proyecto de reforma local que prepara el Gobierno, y que limitaría a 18 el número de concejales que puede tener dedicación exclusiva y remuneración en el Ayuntamiento de Granada.

Los socialistas esperan que el Ejecutivo retire esta propuesta, que "afectará gravemente a la democracia", pues reduce las competencias de los ayuntamientos y limita mucho su independencia económica.

Sobre la cuestión de los concejales que tendrían que dejar de percibir un sueldo en Granada, Rueda explicó que, si se mantiene la idea actual, habría que ver cómo se distribuyen por grupos, teniendo en cuenta que la proporcionalidad sería lo más lógico.

Las consecuencias de esta reforma local para Granada irían más allá del ahorro en el sueldo de los corporativos. Tanto Rueda como el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca, anunciaron que estos cambios significarán la eliminación de servicios sociales prestados actualmente por el Ayuntamiento, como la teleasistencia, la comida a domicilio, la atención a mayores o la asistencia domiciliaria.

Cuenca criticó que el nuevo sistema abra la puerta a la privatización de servicios, que "solo serán para los que se lo puedan pagar". "Lo público se pone al servicio de 4 o 5 multinacionales", agregó el concejal del PSOE.

Otra de las consecuencias de la reforma local podría ser la eliminación de empresas municipales como Emuvyssa (encargada de la promoción de viviendas protegidas), Mercagranada o Gegsa (de gestión cultural y eventos), porque en estos momentos son deficitarias. Si en el futuro el resultado de otras sociedades con participación municipal, como Emucesa (cementerio) o Emasagra (aguas), fuera deficitario, la reforma local planteada haría peligrar también su continuidad.

Cuenca lamentó que la reforma no afecte a "gastos absurdos como los escoltas o los coches oficiales y sí de un golpe a la democracia, tocando servicios que son esenciales".