Infraestructuras

La batalla judicial y política que pone en jaque al Palacio de Congresos de Granada

  • La empresa concesionaria tiene dos denuncias activas en las que reclama al Consorcio 10 millones de euros

  • Junta y Ayuntamiento mantienen posturas enfrentadas sobre el rescate de la concesión, que se prolongaría años en los tribunales

  • La empresa pide una negociación y la Cámara de Comercio se ofrece la gestión

El 'rescate' del Palacio de Congresos de Granada: una operación compleja que se extendería en los tribunales con compensaciones millonarias

El 'rescate' del Palacio de Congresos de Granada: una operación compleja que se extendería en los tribunales con compensaciones millonarias / G. H.

La situación del Palacio de Congresos pende de un hilo. Las relaciones entre la empresa que lo gestiona y el Consorcio público propietario del edificio no son buenas. Pero tampoco lo son las de los propios miembros del consorcio, Junta y Ayuntamiento, que difieren en cómo hay que solucionar la situación de una infraestructura clave para el turismo y la atracción de negocio y economía a Granada. Y si a eso se suma un historial judicial entre las partes aún vigente, la tormenta es perfecta. Tanto que el pasado 5 de mayo se llegó a convocar una reunión del consejo rector para recuperar la concesión rescindiendo el contrato a la empresa, a la que le quedan aún 15 años de permanencia. Reunión que finalmente fue desconvocada por la presión municipal. Y a esto se suma ahora un nuevo actor, la Cámara de Comercio, que se ha ofrecido a llevar la gestión para solucionar la situación. Y para cerrar el círculo, el periodo electoral. 

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuáles son las posibilidades de futuro? ¿Cómo se resolverá el asunto administrativa y judicialmente?

El Palacio de Congresos de Granada es de titularidad pública y los dueños, Junta y Ayuntamiento, forman un Consorcio con una participación del 64 y del 36%, respectivamente. Pero la gestión se concede mediante concesión a una empresa. En 2011 fue la última vez que salió a concurso y se dio a una sociedad anónima, la mercantil Palacio de Exposiciones y Congresos S.A., con dos socios, FCC y RCK. Una empresa que tiene la concesion durante 25 años y por tanto terminaría el 2 de enero de 2037, dentro de 15 años.

Cuando la empresa tomó posesión del Palacio, comenzaron los problemas. Según defiende, se dieron cuenta que lo que recibían no estaba en condiciones. Que las instalaciones del Palacio tenían deficiencias y que incluso no había licencia para algunas de las actividades que tradicionalmente se realizaban, como por ejemplo la fiesta de Nochevieja. Por todo esto, considera que han dejado de ganar dinero. Esto ha llevado históricamente a reclamaciones de la empresa al Consorcio e incluso hubo sentencia judicial contra el Ayuntamiento que le condenaba a pagar unos 100.000 euros por obras que había tenido que adelantar la empresa para mejorar las instalaciones.

Dos demandas judiciales millonarias: lucro cesante y reequilibrio económico

Por esto, la concesionaria interpuso una demanda judicial, una de las dos que aún siguen vivas y que suman unos 10 millones de euros de reclamación. En el caso anteriormente expuesto, se trata de una reclamación por lucro cesante por la que reclama unos 5 millones de euros por esas pérdidas por el estado del palacio y la imposibilidad de realizar algunas actividades. En junio del año pasado se desestimó en lo contencioso-administrativo en primera instancia y está recurrida ante el TSJA y a la espera de que se resuelva.

Exterior del Palacio de Congresos de Granada. Exterior del Palacio de Congresos de Granada.

Exterior del Palacio de Congresos de Granada. / G. H.

La segunda demanda es por reequilibrio económico. Debido a las pérdidas por el cierre obligado durante el estado de alarma por la pandemia y las restricciones de aforo que después condicionaron la vuelta a la actividad, se han acumulado pérdidas por la falta de congresos, la anulación de espectáculos y conciertos y la reducción de los beneficios por la reducción del público. Y la empresa considera que se ha dado ayudas a todos los sectores menos a ellos. Según informan fuentes de la concesionaria, se solicitó al Consorcio medidas ante esta situación como la exención del pago del canon, el aplazamiento, bonificaciones, compensaciones, pero recibieron negativas peses a que se aceptaron en otros palacios como el de Córdoba, en el mismo caso y con la misma forma de gestión (consorcio público y concesionaria). La empresa defiende que el decreto del Gobierno daba derecho a solicitar ese reequilibrio económico, por lo que lo pidieron. Y aquí llegó uno de los problemas. Dicen que mientras que en Córdoba se gestionó esa ayuda a través de los propios servicios de la Junta, en el caso de Granada se solicitó una auditoría externa, que consideran "ad hoc", que pese a que decía que les correspondía ese dinero y lo fijaba en 1,2 millones de euros por las pérdidas del tiempo de confinamiento y cierre obligado, el mismo informe dice que no hay que interpretar la ley de forma literal y por tanto la Junta desestimó la solicitud, realizada en febrero de 2021, en junio de ese mismo año.

Ante esta situación, la concesionaria presentó demanda judicial exigiendo el reequilibrio económico en el que reclaman 5 millones de euros ya que no es solo lo que corresponde al confinamiento sino los cuatro trimestres de restricciones, por tanto un año desde el inicio del confinamiento hasta la reducción de restricciones que permitían volver a cierta actividad. Esta demanda está presentada también al contencioso-administrativo y pendiente de sentencia. 

Rescindir el contrato por incumplimiento 

Esta es la situación judicial, que ha condicionado la situación administrativa. Las diferencias entre las partes por las cuestiones económicas y la judicialización de los casos ha hecho que la relación sea a día de hoy más distante que nunca y eso ha hecho hasta que, según ha podido saber este periódico, el pasado 5 de mayo hubiera convocado un consejo rector en el que se iba a informar a la concesionaria que se le iba a rescindir el contrato. Es la opción de la Junta de Andalucía. Pero finalmente, el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, consiguió parar ese consejo, que incluía ese punto de rescisión en el orden del día, ya que defiende otras salidas, negociadas y de inyección económica al Palacio.

Pablo García y Paco Cuenca, en la presentación de la programación de 2022. Pablo García y Paco Cuenca, en la presentación de la programación de 2022.

Pablo García y Paco Cuenca, en la presentación de la programación de 2022. / G. H.

Para justificar esa decisión de la rescisión, la Junta se ampara en el incumplimiento de la empresa en dos asuntos: impago del canon en las anualidades 2020 y 2021 y el incumplimiento del plan de inversiones. 

En el caso del impago del canon, es cierto que la concesionaria no lo ha abonado y son un total de 100.000 euros, 50.000 por anualidad. Pero la empresa defiende que son los años de la pandemia y que se pidió en más de 30 escritos que por las pérdidas generadas por el cierre, se eximiera, se aplazara o se bonificara. Escritos que no han recibido respuesta, reclaman. A la vez que consideran que este motivo no es caso para rescindir una concesión completa ya que se podría abonar con acuerdo en cualquier momento.

El segundo motivo que da la Junta es el incumplimiento del Plan de inversiones recogido por la empresa en el pliego de concesión y que es de unos 3,4 millones de euros. Inversiones que la concesionaria considera que ha ido haciendo según tendencias del mercado y que lo que no se ha hecho como lo recogido explícitamente en el documento es porque se ha mejorado. Dicen que para cada cambio en ese plan solicitaban por escrito permiso al Consorcio para comunicarlo y pedir que computara como inversión, pero que tampoco han recibido respuesta, por lo que se hacía directamente.

Los plazos del rescate: cuatro años de batalla judicial

Con esta relación de falta de contestación y diálogo entre las partes, ¿cuál es la salida? El Consorcio puede (y es lo que quiere una de las partes, la Junta, con la oposición del Ayuntamiento) rescindir el contrato por ese incumplimiento y rescatar por tanto la concesión. Pero se podría estar jugando con fuego si se hace directamente sin negociar, a las bravas, porque la concesionaria emprendería un camino judicial que mantendría la situación durante años. ¿Cómo defendería la Junta que la empresa incumple si la empresa dice que el propio Consorcio también lo hace, según la concesionaria?

Si se hace directamente ese rescate sin negociar, los plazos podrían ser estos: comunicación en consejo rector de que se rescinde el contrato, un plazo de alegaciones de un mes, petición de informe al Consejo Consultivo (obligado para el rescate de una concesión de este tipo) que se podría dilatar entre 8 meses y un año, demanda judicial a lo contencioso-administrativo de la resolución de la parte perjudicada (dos años), recurso al TSJA de la sentencia (otro año más). Con este escenario, el rescate unilateral del Palacio judicializaría decisión unos 4 años. Ese tiempo la empresa seguiría en la gestión a no ser que hubiera decisión judicial expresa y podría incluso decidir la adjudicataria mantenerlo cerrado hasta que se resuelva el proceso. 

La empresa, dispuesta a renunciar si se negocia

El otro escenario es la negociación. La empresa estaría dispuesta a sentarse con los miembros del Consorcio y ahí es donde entra el nuevo escenario planteado por la Cámara de Comercio, que se ha ofrecido para la gestión y que puede mediar para garantizar la viabilidad del Palacio. La voluntad de las partes y de la propia concesionaria es sentarse a explorar esa nueva opción de gestión y si existe realmente una negociación en la que la empresa considere que no se perjudica, incluso puede renunciar a seguir con la concesión, según han confirmado fuentes del Palacio a este periódico. Para eso habría que compensar lo que consideran pérdidas ya que tienen 10 millones de euros judicializados. Y habría que hablar de pago o indemnizaciones. Pero hasta ahora nadie se ha sentado ni ha dicho de hacerlo.

Es el Ayuntamiento de Granada el que defiende la negociación frente a la postura unilateral de rescisión y el que apuesta más que por esta vía, por que la Junta incremente la financiación para poder hacer las mejoras en el Palacio que le permitan tener perspectivas de futuro y garantizar la viabilidad.

Los 8 millones de los Next Generation, bloqueados

Y en esto se suma también que los 8 millones conseguidos para la modernización de las instalaciones de los fondos Next Generation no han llegado aún a Granada a pesar de estar desde diciembre en posesión de la Junta porque esta no ha firmado el convenio con el Consorcio para la financiación. Dinero clave para acometer las reformas del palacio como la adaptación de la sala Lorca a teatro escénico, la creación de la cúpula superior para poder aprovechar la terraza con un restaurante y el anfiteatro o el cambio de butacas, entre otras actuaciones planificadas para mejorar la rentabilidad.

Esta situación es casi exclusiva en Granada porque todos los palacios de congresos del país son públicos y hay solo dos anomalías, la de Córdoba, con capacidad para 500 personas pero que se ampliará a 1.500 con las reformas y que es público con concesión privada para la gestión; y el de Granada, con el mismo sistema pero más grande en cuanto a capacidad. La empresa reclama a la Junta también el mismo trato que al Palacio de Córdoba, frente al que se sienten agraviados. En Córdoba la Junta ha invertido 11,5 millones de euros en un plan de rehabilitación integral y el propio consejero de la Junta Rogelio Velasco ha reconocido su apoyo con medidas como la adecuación del canon a la situación del Covid, lo que ha demandado también Granada y se le ha negado.

Y la decisión unilateral que tomaría el consejo rector (para el que no hay nueva convocatoria tras pararse la de mayo) es incompatible con la entrada a la negociación que plantea la Cámara, consideran desde el Palacio.

La Cámara de Comercio se ofrece para gestionar el Palacio 

La Cámara de Comercio es el nuevo actor en este culebrón. El presidente, Gerardo Cuerva, preocupado por la situación del Palacio y consciente de que hay que tomar medidas, ha hecho el ofrecimiento de la Cámara para gestionarlo. Por ahora, según fuentes de Cámara Granada, no se puede avanzar más para no entrar en la divagación de opciones, pero lo que sí confirman son conversaciones para plantear las distintas posibilidades y ser parte de la solución del conflicto. 

Dado que el Consorcio es el dueño del Palacio, la opción para gestionar la Cámara no podría ser otra que sustituir el papel de la empresa, que es la que gestiona el día a día y la explotación comercial del Palacio a través de una concesión.  Pero será el Consorcio, las administraciones, las que tengan que resolver finalmente el modelo y hacerlo con cierta inmediatez dada la importancia económica del Palacio para Granada, para el turismo y para las empresas vinculadas como la hostelería o la restauración.

Y en esto hay que separar la actividad propia comercial del Palacio, que para este año presentó una programación de recuperación tras los años de la pandemia con más de 200 eventos que dejarán más de 40 millones de euros en Granada. Casualmente el presidente de Cámara Granada no acudió el pasado enero a la presentación oficial de la programación de 2022 ya por esos problemas existentes en el Palacio, de desencuentros entre la empresa y el Consorcio, por la situación tan compleja del Palacio.

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