Plan de choque por fases para legalizar la urbanización 'privada' del Serrallo

Con la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la mano, el Ayuntamiento de Granada comenzará en menos de un mes a legalizar la situación de las 400 viviendas de la urbanización 'privada' del Serrallo. Lo hará mediante ejecución subsidiaria dado el desinterés por parte de algunos vecinos en regularizar una situación dantesca que se prorroga desde hace unos 30 años y que ha llevado a esta urbanización a cerrar calles, contratar seguridad privada, abastecerse de un pozo de agua o no pagar por el saneamiento.

El plan por fases se hará en estrecha colaboración con Emasagra de forma que en primer lugar se colocarán contadores en cada una de las viviendas, se eliminará el tubo de fibro-cemento que conecta las casas con el pozo y se legalizará el saneamiento para que cada vecino pague lo que le corresponde por la depuración de aguas. En una fase posterior se abordarán los enganches de luz.

La peculiar historia de esta zona del Serrallo se remonta a los años 80. Al amparo de una ley de turismo se crea un club deportivo en la zona alrededor del cual surgieron varios chalets sobre un suelo que estaba catalogado como rústico. Poco a poco este espacio, que comienza siendo ocupado con propiedades de grandes parcelistas, se va poblando al transformar el PGOU de 2001 este suelo en urbano. Estos grandes parcelistas obviaron siempre que cualquier zona de desarrollo debe ceder las calles al Ayuntamiento y así, aunque la propiedad de las calles es pública, los vecinos se han negado históricamente a otorgar la posesión de las calles. No todos los vecinos... solo algunos porque aquí viene otro de los problemas de la zona. El enfrentamiento manifiesto entre los vecinos: de un lado los partidarios de seguir con esta situación y de otro quienes claman desde 2007 porque esta situación se legalice.

Los grandes parcelistas han sido los que históricamente se han negado a legalizar la situación ya que han sido los grandes beneficiados de esta alegalidad. De esta forma, propietarios con un chalet de 1.200 metros de terreno pueden pagar 18 euros de agua y mantenimiento mientras que a otros propietarios con un piso de 70 metros se le piden más de 200.

La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, explicó ayer que los trámites para llevar a cabo la ejecución subsidiaria comenzarán casi con seguridad en la primera quincena de marzo. En primer lugar le darán a los vecinos un plazo de un mes para que regularicen la situación, aunque el Ayuntamiento no tiene mucha fe en que esto ocurra. Pasado este tiempo será el Consistorio el que comience a hacer los trabajos. Como toda ejecución subsidiaria, llevará pareja la factura del coste de los trabajos que se cobrará equitativamente a cada vecino. "Tenemos las cuotas de participación de todos los vecinos en las zonas comunes así que si tenemos que cobrar lo haremos de forma proporcional en función del coeficiente de cada vecino", apuntaba la responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada.

Aunque Emasagra no puede reclamar el pago del agua durante todos estos años que se han estado surtiendo de un pozo sí podría reclamarle a los vecinos el coste del saneamiento que pagan religiosamente todos los granadinos y se estima que esta cuantía podría superar los dos millones de euros.