Un nuevo acto de "violencia institucional". Así han calificado las plataformas 8M-25N y de Apoyo la petición de la Fiscalía de la imposición de una multa de 5.000 euros a Juana Rivas por abuso derecho en su querella contra el juez Manuel Piñar.

Estos colectivos han pedido en un comunicado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberá decidir si admite o no esa querella por prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral de los que acusa al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que "corrija" esa "grave injusticia" en la nueva actuación por parte del Ministerio Público.

"El ensañamiento y la persecución llevada a cabo por algunos miembros del sistema judicial de Granada contra Juana Rivas, es una clara expresión de violencia de género institucional extrema", han indicado las plataformas después de que la Fiscalía pidiera al TSJA que rechace la querella contra el magistrado.

A juicio de este colectivo, en el caso de Juana Rivas, que fue condenada por la sustracción de sus dos hijos menores, los órganos judiciales no han reconocido sus "errores" y han hecho un "búnker corporativo" que persigue su destrucción y que está desprotegiendo "de manera salvaje" a sus hijos.

Asimismo, ha denunciado la que considera "grave actuación" de la Fiscalía de Granada por mantener de forma permanente una posición de "parcialidad y persecución" a Rivas y su lucha por proteger a sus hijos de la violencia machista.

También los plataformas han censurado el papel de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, por no interesarse "en ningún momento" por el problema que viven Rivas y sus hijos, pese a los llamamientos para que ejerciera sus funciones de protección y defensa de los derechos de los menores.