El pasado mes de octubre, la sección en Granada del Sindicato Independiente de la Policía Local de Andalucía (SIP-AN) presentó ante la Subdelegación del Gobierno una denuncia formal contra la empresa encargada de custodiar los edificios municipales y el propio Ayuntamiento, argumentando un servicio inadecuado -poco eficiente y realizado en ocasiones por profesionales sin la titulación pertinente- e irregular.

Además de la queja del SIP-AN, la Subdelegación recibió una petición firmada por el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Eduardo Moral, para que la Policía Nacional inspeccionara el servicio y comprobara el buen o mal cumplimiento de las funciones requeridas. Pues bien, según Moral, el informe derivado de la investigación certifica "la corrección absoluta" de los servicios prestados por los vigilantes privados.

El concejal de Seguridad Ciudadana explicó que los inspectores de la Policía Nacional se pasaron por todos los edificios municipales custodiados por la empresa privada y certificaron que el servicio se prestaba correctamente y que cada uno de los profesionales "hacía las funciones que debía hacer", así que no cabe ninguna duda de la legalidad del propio servicio ni de la eficiencia de los vigilantes.

Eduardo Moral, que aseguró que los componentes del SIP-AN parecen ser "más enemigos que amigos de la Policía Local", indicó que la inadmisión del recurso presentado por CCOO y el informe de la Policía Nacional "vienen a avalar la decisión política, que ya estaba respaldada por los asesores jurídicos del Ayuntamiento", de dejar en manos privadas la custodia de los edificios municipales y así poner más policías en la calle.