Treinta y cinco personas fueron detenidas ayer en Andalucía y otras tres resultaron imputadas en el marco de la operación EDUende que investiga el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación, una nueva fase en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional prevé unos 140 arrestos en toda la región. La jornada se cerró, según fuentes policiales, con 30 detenidos y tres imputados en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada. También hubo cinco detenidos en Sevilla.

En Granada, aunque las fuentes no concretaron más datos, la operación afectó como mínimo a dos jefes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y también a la ex delegada de Empleo y actual directora del Legado Andalusí, Marina Martín, que prestó declaración y que ya fue detenida en la operación impulsada por Alaya en el mes de marzo y que fue imputada.

En esta nueva fase de la denominada 'Operación EDUende', además de empresarios, las detenciones van a afectar de lleno a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones. El operativo se inició ayer pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio. También van a ser detenidos numerosos funcionarios de las diferentes provincias.

Desde el PP reaccionaron ayer ante esta nueva tanda de detenciones y dijeron que la "estructura del reparto y justificación" de estos cursos de la Junta andaluza ha estado "podrida y corrompida de arriba abajo". Así lo señaló en una nota la vicesecretaria general del PP de Granada, Marifrán Carazo, que se ha referido a las nuevas detenciones practicadas en casi todas las provincias andaluzas, entre ellas Granada con el arresto de dos jefes de servicio de la Delegación de Empleo y, nuevamente, de la ex delegada de Empleo Marina Martín, que ya fue detenida el pasado 24 de marzo. En su opinión, la implicación de consejeros, delegados y jefes de servicio "desde hace más de una década" supone que las supuestas irregularidades "no son hechos aislados, sino que obedecen a una estrategia: el sistema está manchado en su integridad".

La también parlamentaria andaluza del PP dijo que el hecho de que Marina Martín vaya a declarar nuevamente denota la "grave irresponsabilidad política" tanto de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como de la secretaria provincial del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, por no haberla apartado de sus responsabilidades. Carazo ha recordado que, a día de hoy, además de seguir siendo la máxima responsable del Legado Andalusí, Martín es concejal electa del PSOE en el ayuntamiento de Chauchina, municipio del que es además secretaria general socialista.

Por eso, el PP pidió explicaciones a la dirección provincial del PSOE y dijo que en estas cuestiones "no caben medias tintas: o se es implacable con la corrupción y por lo tanto se actúa con absoluta contundencia, o sencillamente se ampara y se trata de tapar el escándalo, lo que convierte a Díaz y a Jiménez en cómplices".

Andalucía y Granada despertaron así ayer con una nueva macrorredada policial que repite algunas de las detenciones que la juez Mercedes Alaya autorizó en la investigación del fraude de los cursos de formación hace menos de tres meses. En aquella ocasión fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el marco de la operación Barrado, detuvo a 16 ex altos cargos de la Junta tan sólo dos días después de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Ahora ha sido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, otro cuerpo de élite, el que ha golpeado el fraude en los cursos de formación y lo ha hecho igualmente en una fecha con una clara repercusión política, cuando la presidenta de la Junta en funciones Susana Díaz ha iniciado la última ronda de contactos con los grupos políticos para intentar sacar adelante su investidura.

La pugna que en el marco del fraude de los cursos de formación mantienen la UCO y la UDEF ha provocado que ahora se reproduzcan detenciones que Alaya ya llevó a cabo en marzo pasado, o que algunos de los ahora detenidos estén citados a declarar como imputados esta misma semana ante Alaya en su investigación sobre los cursos de formación. Algunas fuentes alertan de la "inseguridad jurídica" que produce que se materialicen dos detenciones por los mismos hechos, al mezclarse las investigaciones que llevan a cabo distintos juzgados andaluces.

Se trata además de una operación policial diferida en el tiempo. De hecho, la Policía Nacional tiene previsto detener en los próximos días a unas 140 personas en las distintas provincias andaluzas.

La operación repite actuaciones que la juez Alaya ya ha llevado a cabo o tiene previsto ejecutar esta semana. Además de las detenciones de cargos públicos y funcionarios, una buena parte del dispositivo policial se centra en empresarios que se beneficiaron de las ayudas. La mayoría de las empresas investigadas recibía ayudas de entre 60.000 y 200.000 euros, aunque la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.