La juez de Instrucción número 20 de Sevilla, Adelaida Maroto, investiga a un total de 20 personas, entre ellas cuatro exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía y 16 exdirectivos de la Agencia IDEA, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por no haber reclamado más de 17 millones en préstamos concedidos a diversas empresas. En el listado del auto se señalan entre estas empresas la Compañía Andaluza de Minas, que estuvo a cargo de las minas de Alquife. Esta empresa entró en suspensión de pagos en 1995 y cesó su actividad en 1996. También figura la Fundación Empresa UGR, que entró en situación de concurso voluntario en 2020. En junio de ese año se acordó la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la Fundación, que ya no está operativa.

La magistrada, en su auto, traslada la imputación a estas 20 personas, entre las que están los exconsejeros de Innovación de la Junta Francisco Vallejo y Martín Soler y los extitulares de Economía Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado. La investigación se inició por la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2022 a instancia de la denuncia de la propia IDEA. La Agencia, señala el auto, detecta 48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas en las que presuntamente no hay actuaciones de los responsables de IDEA para reclamar de "manera real" el dinero.

En el caso de la Compañía Andaluza de Minas, el auto señala que se le concedió un préstamo el 3 de marzo de 1993, hace treinta años, por un importe de 601.012 euros. Esta cantidad debía ser devuelta en septiembre de 1994. La empresa entró en suspensión de pagos en 1995. Sobre estos hechos y tras la investigación policial se ha dictado auto no firme que declara la prescripción de los presuntos delitos que se pudieron cometer. Esta situación se da en diez de las 36 empresas. En el caso de las 26 restantes se señala que está pendiente la investigación policial para determinar si han prescrito o no. Los diez prescritos suman una cuantía algo superior a los doce millones de euros.

Entre las 36 empresas hay tres vinculadas con universidades andaluzas. Se trata de la Fundación Mediterránea Universidad de Almería, a la que se le concedió un préstamo de 100.000 euros en 2004; la Fundación General Universidad de Málaga, a la que se dio un préstamo de otros 100.000 euros en 2004 que debía estar devuelto en 2011; y la Fundación Empresa Universidad de Granada, a la que en mediante resolución de 4 de marzo de 2005 se le concede un préstamo de 85.133 euros. Este dinero debía estar devuelto en abril de 2012. El auto señala que la Fundación realizó pagos parciales durante tres años, hasta junio 2008. En esa fecha le reclamaron a IDEA la devolución de lo pagado ya que Únison había manifestado que no podía devolver el dinero que a su vez le había dado la Fundación. Únison, spin off de la Universidad de Granada, realizaba proyectos en materia acústica y elaboró el Plan de Acción para la Limitación, Control y Reducción de la Contaminación Acústica en la ciudad de Granada, presentado en 2013 por la propia empresa y el Ayuntamiento de la capital.

En octubre de 2015, siete años después de que Únison indicara que no podía devolver el dinero, el gerente provincial de la Agencia IDEA en Granada remite a la unidad de empresas participadas y riesgo de la Agencia un escrito en el que propone el pase a fallido -o lo que es lo mismo, catalogarlo como incobrable- o a contencioso del préstamo dado a la Fundación. Ese mismo mes  los servicios jurídicos de IDEA elaboran un informe a petición de la Dirección de Inversiones Estratégicas en el que se analiza el préstamo. Se pide en este informe además que se aclaren las causas del impago, paso previo a iniciar el procedimiento de reclamación de cantidad por la vía judicial. En el expediente sobre este préstamo consta que la Fundación Empresa UGR fue declarada en concurso voluntario mediante auto judicial en enero de 2020.

Antes de este auto la jueza había dictado una providencia en la que expresaba sus dudas sobre si los presuntos delitos de esta causa habían prescrito. En ocasiones, como es el caso de la Compañía Andaluza de Minas, son préstamos concedidos en los años 90. 

En este procedimiento, la Fiscalía sostiene que una vez estudiados todos y cada uno de los expedientes de operaciones de préstamo se puede observar "un patrón en la inactividad por cuanto en la mayor parte de los supuestos, formal y administrativamente hablando, el expediente de concesión del préstamo aparece cumpliendo las exigencias previstas en la ley, llamando la atención que a partir de la entrega del dinero prestado, el expediente queda en la mayor parte de los supuestos en blanco, sin contenido relevante alguno a pesar de existir y conocerse el impago total o impagos parciales".

"Precisamente el que parezca ser un patrón determina que sea irrelevante la identidad del responsable/s, en cada caso, de accionar la maquinaria de la agencia IDEA para reclamar los impagos y evitar las pérdidas económicas, por cuanto, en la hipótesis de hechos de relevancia penal, establecido un sistema para no reclamar, el mismo se sostiene con la inactividad de las personas titulares de los cargos con competencias en este campo", añaden los fiscales Anticorrupción.

Además de esta causa, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con los préstamos y avales concedidos por la Agencia IDEA. Una vez unificadas las causas, el juez la dividió en 19 piezas de investigación, una por cada una de las ayudas investigadas. Un auto de la Audiencia de Sevilla considera que una de las piezas caducó hace seis años.