La Asociación In Género (Interculturalidad, Género y Diversidad) ha dado a conocer los primeros resultados de la explotación sexual en Granada, basadas en su propia experiencia con las mujeres prostituidas y los datos recolectados en el canal de comunicación habilitado para tal fin. Estos datos dejan bien a las claras cómo la prostitución en la provincia se ha movido de los tradicionales prostíbulos a lugares más privados. 

De esta forma, el pasado año la organización, que presentará este martes una información más detallada, actuó en 89 puntos de la provincia donde se ejercía la prostitución, de los cuales 78 eran lugares privados y once eran clubes de alterne, mientras que tan solo uno era en la calle. 

Esta tendencia no es nueva, hace un par de años, la Policía Nacional confirmaba a este periódico que "la prostitución en domicilios se ha convertido ya en una pauta a nivel nacional", al tiempo que alertaba del aumento de anuncios de tipo sexual (muchos de ellos cerrados tras la ley del solo sí es sí) que claramente no tenía respuesta en un crecimiento del número de prostíbulos. ¿La respuesta? Los pisos o habitaciones privadas. 

Al mismo tiempo, la Policía Nacional advertía, ya en 2022, que habían aumentado "las personas que alquilan habitaciones para aquellas mujeres que se prostituyen por su cuenta", indica un portavoz del Cuerpo, que insiste en que "pese a que no pertenezcan a organizaciones o sean víctimas de redes, nadie ejerce la prostitución por voluntad propia. Detrás de esa decisión siempre hay una necesidad de empleo, una falta de recursos económicos o una necesidad de obtener recursos".

Volviendo a los datos más actuales, In Género atendió el pasado año a 343 personas que ejercían la prostitución, o eran posibles víctimas, en la provincia, de las cuales el 76,5% era de origen migrante, principalmente de América Latina, aunque un 60,3% se encontraba "en situación administrativa regular" frente a un 22,8% irregular, según los datos aportados por la asociación en una nota de prensa. En relación a esto, la asociación indica que un 27% de las mujeres atendidas estabas en el país hace menos de un año y que tan solo el 23,5% tenía nacionalidad española.

En otro sentido, destaca cómo gran parte de las personas víctimas de explotación sexual tienen a menudo cargas familiares. En la provincia, esto supone el 22,1% de los casos, cuando estas mujeres tienen "entre un y tres familiares" de los que encargarse, según In Género. 

A nivel autonómico, durante el 2023, se atendió a 1.310 personas que ejercían la prostitución o eran posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. De las cuales, 1.133 eran mujeres cis, 124 mujeres transexuales, 52 hombres cis y 1 hombre trans. Esa proporción se mantiene también en Granada, donde de las personas atendidas en por la asociación 273 eran mujeres cis, frente a 54 que eran mujeres transexuales, cinco eran hombres cis y tan solo uno, un hombre trans.

En porcentajes, en la comunidad autónoma, las personas que ejercen prostitución o son víctimas de trata con fines de explotación sexual, un 86,2 % son mujeres cis. Un 8,9% son mujeres trans, el 3,9% son hombres cis y un 0,7% hombres trans.

En las tres provincias con presencia de In Género (Córdoba y Jaén junto a Granada), se ha intervenido directamente en 155 lugares de ejercicio de prostitución, de los cuales nuevamente la mayoría (116) eran lugares privados frente a una minoría (35) de clubes de alterne. Destaca aquí que hubo cuatro "casas típicas de prostitución" donde la asociación actuó el pasado año, aunque no se especifica donde se encontraba. De estas acciones, se han recogido 1.157 demandas de tipo social, sanitaria y jurídica con personas que ejercen la prostitución.

Jemi Sánchez, trabajadora social de In Género Andalucía, los últimos cambios normativos están potenciando la invisibilidad de las mujeres en lugar de protegerlas. En el mismo sentido se expresa Miguel Ángel del Olmo, coordinador nacional de la asociación, quien señala señala, que “en Andalucía, así como en otras provincias, las personas que atendemos presentan una mayor vulnerabilidad, por las nuevas políticas sociales”, mencionando específicamente la Ley del solo sí es sí y su articulado referente a la publicidad de prostitución como “ilícita”, los intermediarios tienen más poder”. Y quienes salen perdiendo, son las mujeres que ejercen, haciéndolas, mucho más vulnerables.