Con el proceso de escolarización en su fase final, la enseñanza sustentada con fondos de la Administración (pública y concertada) se adapta a una nueva realidad, como es el descenso demográfico, lo que a su vez traduce en que cada vez son menos los menores que ocupan las aulas. Pese a ese hándicap que, en gran medida, condicionará el futuro de la educación, ambos modelos se reivindican como necesarios y defienden que se encuentran en una situación más que aceptable para afrontar el futuro.

Desde la patronal de Escuelas Católicas, que reúne a más de una cuarentena de colegios en la provincia de Granada, se alega que el descenso de alumnos no debe ser "excusa" para reducir los presupuestos destinados a estos centros privados, sino que supone una oportunidad para una "mejora de la educación". Ésta es una de las conclusiones que se redactó tras la asamblea provincial de la patronal, que a pesar de que reconoce que el descenso de la natalidad se ha notado en el proceso de admisión de alumnado, prácticamente han conseguido cuadrar el número de vacantes con la demanda de los padres. Así, para 1.425 plazas para niños de 3 años para el próximo curso, han recibido 1.418 solicitudes. Los centros concertados del centro de la capital son los que acumulan más solicitudes, y cubrirán sin problemas todos los puestos escolares. En barriadas como Almanjáyar -donde la concertada cuenta con centros como Amor de Dios, Luisa de Marillac o San José- la ratio esta por debajo del máximo que fija la legislación autonómica. Desde Escuelas Católicas siempre se ha defendido que estos centros deben mantenerse con la misma oferta, incluso si hay menos alumnos. El barrio es una zona marginal, una bolsa de pobreza en la capital en la que, como puso sobre la mesa la situación creada por el cierre de tres comedores escolares por impago al proveedor, las escuelas juegan un papel clave para paliar, en la medida de lo posible, la marginación y la pobreza que sufren esos menores.

Más allá de la lucha contra la desigualdad, la concertada también esgrime en su defensa la economía. Según un informe de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Administración andaluza sufraga a los concertados el 46,7% de lo que cuesta una plaza en un centro público. Es decir, que, de media, mientras una plaza pública cuesta 4.851, a los concertados andaluces se les abona 2.265 euros.

Otro argumento de peso es la opinión de los padres. Desde Escuelas Católicas siempre se ha defendido que "se garantice la libertad de los padres de elegir", tal y como se expresa en la declaración final de la última asamblea provincial de la patronal. ¿Y por qué eligen los padres centros concertados? "Cada uno tendrá sus motivos", deja en el aire Marcial García Piqueras, responsable provincial del Sindicato Independiente de Enseñanza de Concertada y Privada (FSIE). García Piqueras asume que el ideario religioso no es uno de los argumentos que defienden los padres para decantarse por estos centros. "No van por ahí los tiros, aunque hay quien los elige por ese carácter". En cualquier caso, desde FSIE se defiende que "estamos dentro del sistema público", estos centros se rigen por la misma legislación y que, si los padres lo demandan, "no vamos a permitir" que se cierren unidades. Cuando la Administración así lo ha planteado, los concertados no han dudado en recurrir a los tribunales. El último respaldo judicial llegó desde el Tribunal Supremo, que anuló la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avaló el cierre de una unidad en un centro de Morón de la Frontera (Sevilla). 26 alumnos que no consiguieron plaza en ese centro por la supresión de una línea fueron derivados a la pública. Los magistrados argumentaron que este proceder podría suponer la derogación de la ley de conciertos.

El camino inverso -derivar alumnos a la concertada- también se da. En Granada, alumnos que no han conseguido plaza en el centro público prioritario -el elegido en primer lugar por la familia- han sido recolocados en otros concertados, dentro de la zona de escolarización, en los que sí había vacante. Esta situación se ha dado en varios institutos del centro -en concreto en el Ángel Ganivet y en el Generalife- pero desde la concertada, García Piqueras argumenta que "para tres niños no van a tener una unidad abierta. Tendrán que recolocarlos donde haya vacantes".

Desde FAMPA Alhambra se calcula que para el curso que vienen desaparecerán al menos quince unidades. Este cálculo se refrendará cuando finalice el periodo de matrícula -que actualmente está abierto-, pero para la Federación provincial de Asociaciones de Madres y Padres "como consecuencia" de la eliminación de líneas "se ha producido un incremento de las ratios" en los centros afectados, lo que va "en detrimento de la calidad de la enseñanza pública".

Para la presidencia provincial de la Asociación de Directores de Colegios de Infantil, Primaria y Educación Especial (Asadipre), Inmaculada González Baena, ambos modelos deben coexistir, pero lamenta que los ajustes siempre recaigan del mismo lado. "Se está produciendo un descenso muy acelerado de las unidades de los centros públicos", sentencia la también directora del CEIP Martín Vivaldi de Loja. Este planteamiento tiene como una de sus consecuencias que "se generen centros donde haya deprivación", niños con necesidades especiales que únicamente son atendidos por la red pública. "Unos padres de una familia normalizada, que hagan los trámites en plazo, pueden decidir que sus hijos vayan a la concertada" o a la pública, en función de sus preferencias. Cuando esa familia carece de recursos y de medios para formalizar la admisión de su hijo, lo más probable es que acabe en la pública, lo que hace que "no haya un reparto compensado".

Sobre el cierre de unidades, González Baena defiende que se haga de forma paralela en la red concertada y en la pública. Ante esto, desde Escuelas Católicas siempre se ha argumentado que el peso de la pública es mayor al de la concertada -que está presente en las localidades de mayor peso demográfico, pero que no existe en zonas rurales, por ejemplo- y que, en razón a ese mayor tamaño, es la que debe hacer el esfuerzo por adelgazar.

Aparte del debate sobre dónde deben hacerse ajustes y en qué proporción, hay otros problemas de base. González Baena reconoce que "la sociedad tiene asimilado que lo privado es mejor que lo público. Y no es así. Quizá no sabemos vender tan bien como la concertada".