Punto de Encuentro Familiar de Granada: carencias en un sistema 'mercantil'

El Punto de Encuentro Familiar es un recurso que gestiona la Junta de Andalucía como servicio "temporal y excepcional" que se presta por derivación judicial en procesos de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad y con el fin de cumplir con el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial.

Es un espacio que tiene que ser neutral para garantizar las relaciones. Pero en los casos en los que el uso de este recurso es por existir violencia de género tiene incluso más importancia su neutralidad, empatía y profesionalidad para la protección de las víctimas y de los menores. Porque cuando existe maltrato hay el mismo derecho a visitas, con presencia de profesionales o no, que en casos de familias en conflicto por otros temas.

Por eso, su actual sistema de gestión, con concesión externa, está cuestionado. Según la concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada, Elisa Cabrerizo, se necesita profesionalizar los Puntos de Encuentro Familiares. "El problema es que sale a concurso a una empresa al mejor postor con un contrato con perfiles en mediación o violencia pero es una empresa que ejecuta sentencias y lo importante en estos casos es la mediación en familias con problemas de la dinámica familiar, la mayoría con casos de denuncias de violencia de género", explica Cabrerizo, que asegura que las mujeres tienen miedo a denunciar las carencias del sistema.

La concejal indica que según la última ley de protección de la infancia y la adolescencia, los menores también son víctimas y eso no se está cumpliendo en los puntos de encuentro con el sistema actual. "Realizan informes para ejecutar la sentencia. Les dicen tienes que ir con papá más que trabajar en la dinámica de mediación y protección. Eso está faltando", asegura la concejal, que reclama a la Junta que este servicio no sea por contrato mercantil sino que se haga concursos específicos con personal especializado porque si no ahora depende de la empresa y de a quién contrate".

Así, lamenta que la realidad sea que "si no entregas a los menores es como que no cumples objetivos". Por eso, su grupo mantuvo una reunión en la Delegación de Justicia para pedir su profesionalización. "El objetivo ahora es la entrega de menores y pedimos que lo primero sea profesionalizar el servicio y que sea un servicio público, no una empresa".

Cabrerizo lamenta que las mujeres tienen "mucho miedo a quejarse" y más aún "si no tienes apoyo".

"Como partido se lo pedimos a la Consejería de Justicia, que se trabaje más por la mediación y la protección ya que hay casos difíciles con informes contrarios a la entrega de menores que se están dando", asegura.

El gobierno de la Junta de Cs y PP había propuesto crear una figura de coordinador parental pero Cabrerizo considera que "es hacer más casos cuando hay una estructura que lo que hay que hacer es que funcione".

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía ya preguntó en 2020 al consejero sobre el funcionamiento de estos puntos de encuentro y las funciones y formación de sus profesionales, reconociendo la Junta que no hay relación laboral con el personal ya que es concesión y que se ofrecen cursos especializados como complementos de formación para lograr la "excelencia" del servicio.

Alegaciones de asociaciones granadinas

En Granada hay un punto de encuentro y diferentes asociaciones de Granada hicieron sus aportaciones para mejorar los próximos pliegos de licitación. En 2019 se firmó un contrato por dos años, hasta 2021.

Respecto al equipo técnico, decían que "sería necesario que los profesionales contaran con formación específica y experiencia en violencia de género y menores; el proceso de la violencia de género; efectos de la violencia de género en la salud física y psíquica, así como en el desarrollo de la infancia; consecuencias de la violencia de género en las mujeres como madres; habilidades parentales de los padres que ejercen violencia de género, derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia; intervención como menores víctimas de violencia de género; legislación y recursos disponibles ante la violencia de género. La formación complementaria debería de acreditarse con master, expertos, o cursos de una duración no inferior a 300 horas, además deberían contar con experiencia acreditada en la materia.

En cuanto a la intervención en caso de existir orden de protección, consideran que en el propio pliego de prescripciones técnicas debería de especificarse y desarrollarse un programa específico de intervención para menores en contextos de violencia de género. En este sentido, se dejaría claro el derecho del menor a ser oído, escuchado y tenido en cuenta, en el caso de manifestar su negativa a relacionarse con su padre, comunicando al juzgado dicha situación, o cualquier otro indicador que haga apreciar consecuencias negativas de la relación paterna con el/ la menor. Desde el equipo se incidirá en mayor medida en la escucha activa del menor y se prestará especial atención a las posibles consecuencias observadas por la madre en su hijo en hija, derivadas del cumplimiento del régimen de visitas. En este programa de intervención deberán establecerse canales estables de coordinación con los servicios específicos que estén interviniendo con las madres y menores: Centros de información a la mujer, Servicios Sociales Comunitarios, SAVA.

También, en el caso de apreciarse circunstancias que pongan en riesgo los derechos e intereses del menor, se deberían determinar qué situaciones se consideran de riesgo, que ahora no están definidas en los pliegos.

Además, pidieron los informes de evaluación de calidad y realización de estudios si no estaban hechos.