El bailaor granadino Rafael Amargo ha llegado visiblemente emocionado a la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado por la presunta venta de droga en su piso de Malasaña, una acusación frente a la que se opone al defender su inocencia. "Confío en la Justicia", ha dicho.

"¿Está tranquilo?", le han preguntado el medio centenar de periodistas congregados antes de entrar en la sede judicial, donde ha acudido acompañado de su letrado Jaime Caballero. De traje, camisa blanca y con un semblante serio, al artista le ha costado articular palabra ante la emoción y se ha limitado a señalar que es inocente.

Ante la avalancha de preguntas, el abogado defensor ha aclarado que no pactarán con la Fiscalía, quien ya en su día ofreció un acuerdo que rechazaron. Amargo afronta una pena de 9 años de cárcel por un delito contra la salud pública.

El juicio está en el aire debido a que el otro acusado renunció hace poco a su abogado, lo que podría llevar a la suspensión de la vista señalada para este miércoles, jueves, viernes y el próximo 12 de junio. Al artista le investiga actualmente el juez de Instrucción número 27 de Madrid por un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

Por estos hechos, fue detenido el pasado marzo en Alicante, quedando en libertad provisional. La jueza le impuso la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salida del país. Este arresto se suma a la detención del caso que se juzga ahora en la Audiencia de Madrid. Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la operación Codax, cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. En su escrito de acusación, el fiscal solicita la misma pena para Juan Eduardo S.B., asistente de producción de Amargo, al actuar supuestamente de forma "conjunta" con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias.

En su relato, el fiscal relata que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos "se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero".