El caso Alhambra todavía tiene recorrido. El complejo proceso judicial vinculado con el fraude en el control de accesos y la venta de entradas al monumento nazarí no acaba con la sentencia de la Audiencia de Granada. El principal acusado del caso, Francisco C.J., anunció ayer que recurrirá el fallo, que le condena a 17 meses de cárcel, al considerarse "inocente".

El abogado Pablo Luna, defensa del guía turístico y propietario de Daraxatour -una de las dos empresas vinculadas al caso-, indicó ayer que su cliente cree necesario presentar recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que no hay base para considerarle autor de los delitos continuado de estafa y, sobre todo, de falsedad en documento mercantil.

En declaraciones a EuropaPress, Luna recordó que a su representado ya se le ofreció un acuerdo de conformidad que no quiso aceptar al considerarse "inocente", e indicó que para Francisco C. J. "no es suficiente" el hecho de que no tendrá que ingresar en prisión, puesto que su condena es inferior a los dos años y no tiene antecedentes penales.

Alfredo López, abogado del despacho Luna y Asociados, también indicó ayer en declaraciones a Efe a las puertas de la Audiencia que, a falta de un análisis más profundo de la resolución, "no se explica" el fallo, ya que tenían "la absoluta convicción" de que sería absolutorio para su cliente. López, que representa también a la mujer de Francisco C. J. -también condenada- y a su hija -absuelta-, indicó que su despacho trabaja "desde ya" en el recurso porque "hay cosas que no cuadran". "No esperábamos una sentencia de este tipo, ni una condena", insistió López.

Pablo Luque, abogado de cuatro trabajadores de la Alhambra -uno de ellos condenado a tres meses y los otros tres absueltos-, indicó que "no termina" de compartir el fallo, por lo que también valora la posibilidad de recurrirlo. En su opinión, la resolución notificada pone de manifiesto que no se ha tardado "de la macrocausa, el desfalco o la estafa a la Alhambra" que se había apuntado durante la instrucción, de ahí que entienda que "se montó un castillo donde pudo no haber nada".

También se abre otra posible vía por la solicitud de indemnizaciones por parte de las 40 personas que inicialmente fueron imputadas y que han sido absueltas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El abogado Vicente Tovar, representante de cuatro guías turísticos a los que solo acusaba la Junta de Andalucía, indicó ayer que estudia iniciar acciones judiciales para pedir indemnizaciones por "el mal funcionamiento de la administración de justicia", ya que han vivido durante los últimos 13 años "un despropósito detrás de otro", tanto en la fase de instrucción como en el juicio posterior.

Tovar, que indicó que la absolución era lo que esperaban, aseguró que este calvario les ha supuesto a sus clientes "un daño moral" y apuntó que era "escandaloso" que estuvieran sentados en el banquillo. En ese sentido, el letrado Juan Fernando Hernández también apuntó que sus cliente han estado "señalados muchos años" para después obtener un fallo absolutorio.

Por su parte, Joaquín Alcón, letrado de un peón controlador del monumento que también ha sido absuelto, subrayó ayer que "no había base para la condena" de su cliente, ya que no se podía demostrar "la comisión delictiva". Su representado, indicó, nunca tuvo relación con el caso, por lo que calificó de "inexplicable" que estuviera acusado. Según Alcón, ni las intervenciones telefónicas, ni los movimientos de cuentas, ni las diligencias policiales de investigación mostraron vinculación con el fraude juzgado. "Fue un empeño personal de la Junta, primero, que luego mantuvo de forma incomprensible la Fiscalía".

Esa misma falta de indicios ha llevado a la absolución de otro guía turístico expertos en las visitas japonesas al monumento, representado por Jorge Aguilera. El letrado indicó que la absolución de su cliente llega después de que, en un principio, se conformara con la pena que se le pedía, y luego se arrepintiera de dicha conformidad. La sentencia indica que, en su caso, "no hay prueba alguna ni directa ni indiciaria de que estafara al Patronato entrando sus grupos sin entrada", y que de las diligencias "no se deducían ninguna clase de indicios ni prueba alguna de su responsabilidad ni como autor ni como cooperador" en los delitos por los que se le acusaba, sobre todo los de estafa y falsedad.