El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, inauguró ayer oficialmente el año judicial en la Comunidad Autónoma con su tradicional discurso, en el que se mostró menos escéptico que en otras ocasiones, dado el nuevo "horizonte esperanzador" abierto en Andalucía con la nueva política que se promete, pero igual de crítico con el retraso en el proceso, "apenas iniciado", de modernización de la Justicia. Por ello, reclamó más contundencia que nunca, "un impulso político de alto nivel, con diálogo y consenso parlamentario" para que se produzca de una vez el cambio del modelo.

"Es cierto que se han acometido algunas reformas legales a nivel estatal, pero no abordan ni profundizan en los auténticos fallos estructurales, que se agravan año tras año", advirtió Del Río, recordando que legislatura tras legislatura "quedan en el olvido las necesidades judiciales, los proyectos de cambio se frustran y los problemas se enquistan".

Una de las reformas en las que el presidente se detuvo fue la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano, como recordó, no es de autogobierno de los jueces, sino de gobierno del poder judicial, "por lo que se ha perdido la oportunidad de conseguir su estabilidad institucional con el máximo respaldo parlamentario".

También se refirió al nuevo régimen de sustituciones de la Carrera Judicial, que ha conllevado la supresión de los jueces sustitutos y ha originado "un sobreesfuerzo de muchos jueces y magistrados". A ellos, les agradeció ese trabajo extra que aún no ha obtenido, según dijo, el "merecido reconocimiento por parte del Ejecutivo".

Y no se olvidó, por supuesto, de las tasas judiciales, una reforma que ha estado, como enfatizó, "rodeada de una viva polémica", y que afecta, "no sólo a la conveniencia de su imposición en el contexto de una justicia sostenible, sino también a su adecuación constitucional ante el posible quebranto del principio de proporcionalidad por alguna de las cuantías fijadas". Ya en la esfera andaluza, recordó que el principal cambio previsto desde hace años es la implantación de la oficina judicial, un proyecto que se encuentra en fase de informes y para el que confió que 2014 sea año "clave y fructífero".

En su radiografía de la Justicia, Del Río reconoció que puede haber una crisis de eficacia o funcionamiento, pero no de legitimidad, y alabó el trabajo de los jueces y magistrados andaluces, que soportan la tasa de ingreso de asuntos más elevada de España. Les animó a no caer en el desánimo y a seguir trabajando para el ciudadano, pues son "una pieza clave de nuestra estructura democrática". En este contexto, enfatizó "la importancia del prestigio de la Justicia entre los ciudadanos a los que sirve", y de que haya un respeto escrupuloso por la independencia judicial.

También intervino en el acto el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, quien lamentó tener que repetir periódicamente las mismas reivindicaciones. "No podemos sostener por más tiempo una repetida fórmula de crecimiento y modernización de nuestro sistema de justicia muy parcial y por tanto fallida", dijo. "Seamos prácticos y reconozcamos nuestra cortedad", agregó, al tiempo que recalcó que "sólo el trabajo ordenado, el esfuerzo y las buenas condiciones laborales pueden mejorar este panorama reiteradamente pesimista". Así, se preguntó por qué no se busca de una vez una solución "que ajuste los excesos y comprenda que quizá deba operarse todo un sereno replanteamiento presupuestario". Junto a ello, recordó que las prioridades siguen siendo, entre otras, la atención a las víctimas, la incautación de bienes y la intervención de fondos de origen ilícito, y la lucha contra el fraude y la corrupción.

Los sindicatos de Justicia -todos menos CSIF- también estuvieron presentes en el acto, donde protagonizaron una protesta silenciosa exhibiendo pancartas contra las políticas actuales. En ellas se podían leer leyendas como "La reformas de Gallardón y De Llera acabarán con la justicia entera". Los sindicalistas fueron de inmediato desalojados por una decena de agentes de la Policía Nacional.

A la cita, que se cerró con un agradable ágape, acudieron numerosos representantes de las sociedades granadina y andaluza. Entre las autoridades se encontraba el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, y la recién nombrada delegada en Granada, Sandra García.