El SAT pide a la Fiscalía que investigue a la Junta por la subasta de una finca

En La Puebla de Don Fadrique existe una finca rústica pública, denominada La Parra, que tiene una extensión de 700 hectáreas y que, de ser destinada a los fines sociales que motivaron su compra por parte de la Junta podría generar como mínimo 600 empleos agrarios directos. Sin embargo, en fechas próximas será subastada y, por tanto, acabará en manos privadas, lo que ha provocado que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) traslade el asunto a la Fiscalía.

En concreto, el SAT, que es una organización sindical que está principalmente implantada en el Área Metropolitana y que cuenta con alrededor de 200 afiliados en la provincia, ha formulado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada, a la que pide que investigue si el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, encabezado por su presidente, José Antonio Griñán, habría podido incurrir en un delito de prevaricación al decidir "privatizar" dichas tierras.

El escrito fue presentado el viernes pasado, según informó en rueda de prensa el responsable de Acción Sindical Provincial del SAT, Francico Cabrerizo, quien recordó que la Junta compró la Parra para el cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria de 1984, por lo que la finca, de titularidad pública y "muy fértil", debería de cumplir la función social que motivó su adquisición: el desarrollo de explotaciones agrarias rentables social y económicamente, y la contribución a la solución de graves problemas sociales. "La Parra podría ser El Dorado de la zona", afirmó el sindicalista, indicando que existen "unas bolsas subterráneas de agua que garantizarían el riego" en caso de ser explotada.

Para el SAT, si la Fiscalía acaba apreciando delito, "debería pararse" el proceso de subasta, que según el sindicato se enmarca en el plan de reestructuración económica y financiera de la Junta de 2011.

No obstante, con independencia de lo que decida el Ministerio Público, la intención de esta organización sindical es también mantener reuniones con los regidores de los distintos pueblos de la zona "para plantear nuestras ideas y explicarles que hay alternativas".

Asimismo ha dirigido el SAT un escrito a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta solicitando nuevamente una reunión con la delegada -ya la pidió el pasado 19 de abril, sin respuesta hasta la fecha-, a fin de que le informe sobre la situación en la que se encuentran el resto de las demás fincas públicas "procedentes del extinto IARA" que hay en la provincia.

"La tierra garantiza la supervivencia", subrayó Cabrerizo, para quien La Parra debería de haber servido para eliminar el paro que existe en la comarca, algo que no ha ocurrido, pues "no ha creado ni riqueza ni empleo", sino que "ha estado abandonada veintitantos años", agregó.

En este contexto, puso el ejemplo de Somontes, otra finca pública que se encuentra en Palma del Río (Córdoba), que ha sido ocupada antes de ser subastada y que está siendo explotada con estupendos resultados. "Somontes nos sirve de referencia para desmostrar que en esta realidad es posible otra alternativa para crear empleo", señaló, al tiempo que consideró que "en Granada también es viable la experiencia de Somontes".