Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler social y asequible para jóvenes y familias del país. Un anuncio que hizo el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conferencia municipalista del PSOE celebrada en Valencia el fin de semana y que llega tras haberse impulsado la primera Ley de Vivienda de la democracia española.

Esta medida supondrá que el Gobierno destine en la provincia de Granada sólo 534 viviendas a este fin social, de las que 32 corresponden a la capital. En la provincia, además, la Sareb, según su inventario oficial, tiene 178 anejos, 42 obras en curso, 333 suelos y 373 terciarios. 

Las cifras en la capital son menores. Se trata de 28 viviendas, 17 anejos, 17 solares y 33 terciarios, no constando ninguna obra en curso. 

Propiedades por municipios

En la provincia de Granada, el municipio donde la Sareb tiene mas viviendas en propiedad es Atarfe, con 42 unidades. Le sigue Motril, con 43 y Atarfe, con 42. Detrás se sitúa Ugíjar (30), Güéjar Sierra, Huéscar y Dúdar, con 29 cada una, Granada capital con 28 y Almuñécar, con 22. También tiene la Sareb viviendas en Albolote (9), Albuñol (3), Alhendín (3), Armilla (1), Baza (1), Cájar (2), Churriana (13), Cijuela (10), Cogollos (3), Cúllar Vega (9), Dílar (4), Dólar (10) y Freila (3). Figuran propiedades de viviendas además en Fuente Vaqueros (5), Gójar (4), Huétor Tájar (12), Huétor Vega (12), Íllora (2), Ítrabo (2), Iznalloz (2), Jun (2), La Zubia (16), Láchar (16), Las Gabias (4), Lecrín (4), Maracena (6) y Monachil (11). 

Otros son Nevada (21), Ogíjares (14), Pinos Puente (1), Salobreña (20), Santa Fe (8), Vélez de Benaudalla (12), Ventas de Huelma (8), Villanueva de las Torres (9) y Villanueva Mesía (1).

En Andalucía, la Sareb, según su página web oficial, dispone de 4.544 viviendas, 2.915 anejos, 3.194 obras en curso, 2.755 solares y 1.980 inmuebles de uso terciario. 

Tras este anuncio de Sánchez, habrá que ver cómo se materializa y cómo se desarrolla esta orden y quién tiene las competencias en su gestión, si el propio Gobierno, las comunidades o los ayuntamientos.