El informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil revela que dos edificios de la constructora Frai que suman 150 viviendas de protección oficial en Alhendín se construyeron sobre un cauce público, por lo que, según el documento "se considera que existen indicios de un presunto delito sobre la ordenación del territorio". Además, en el mismo documento se aportan nuevos datos sobre la gasolinera que supuestamente se construyó sobre terreno de dominio público y sobre la posible invasión de la urbanización Novosur de las servidumbres aéreas de la Base Militar de Armilla. Este informe forma parte de las diligencias del llamado caso Marchelo, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística y en el que están imputadas quince personas, entre ellas el ex alcalde de Alhendín José Guerrero (PP).

Tras la petición de la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe Gema Quintanilla Navarro, el Seprona determina que, en el caso de las 150 VPO de Frai, "el informe de la Agencia Andaluza del Agua confirma la naturaleza de cauce público del arroyo de Marañón o barranco de la Calera". Aunque la antigua Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) autorizó en 2007 el desvío del cauce, el Seprona deja claro que "no es posible" ocupar ese terreno con parcelas privadas y que "no consta" en la Agencia Andaluza del Agua expediente de desafección de dichos terrenos, trámite imprescindible para poder edificar en esa parcela. De hecho, "en la actualidad el suelo no ha perdido su condición de dominio público", insiste el informe, que fue dado a conocer ayer por el actual alcalde de Alhendín, Miguel Ángel Gamarra (PSOE).

Sobre los bloques construidos, el Seprona destaca que los cambios en las normas para edificar propiciaron que el tope de viviendas pasara de 740 unifamiliares a 1.390 en conjuntos plurifamiliares. El informe detalla, además, que la edificación de inmuebles de menor altura "hubiera evitado el impacto de los edificios de hasta seis plantas".

En este sentido, con respecto a la vulneración de las servidumbres aeronáuticas, el texto de la Guardia Civil puntualiza que las edificaciones de Novosur "por su altura, comprometían la seguridad de las operaciones de las aeronaves", por lo que "pudiera pensarse en alguna modalidad de prevaricación" si esa presunta ilegalidad se ha hecho de forma consciente "para conseguir un beneficio privado a costa del interés general".

Por último, la construcción de la gasolinera también es analizada en el informe ante la posibilidad de que se ubique en una franja de 300 metros de vial público inicialmente perteneciente a Fomento y luego cedida al Ayuntamiento.

Gamarra insistió en que el informe del Seprona "ratifica" que el caso Marchelo "es de una gravedad política y social tremenda" y con "categoría penal". Además, adelantó que el Ayuntamiento tratará de recuperar el suelo de dominio público.