La presión asistencial sobre los Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad de Granada se ha visto incrementada en un 30% durante la pandemia por parte de nuevas familias usuarias que nunca habían acudido a estos servicios. Son los datos ofrecidos hoy por la Junta de Personal de Servicios Sociales municipales, junto al Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín.

Además, el Banco de Alimentos viene atendiendo a unas 50.000 personas y otras miles reciben apoyo de Cáritas Parroquial, otras entidades y por supuesto de sus familias. El propio Ayuntamiento de Granada ha atendido a través de su programa de alimentos de emergencia a más de 1.000 familias de la cuidad y con las Tarjetas monedero a unas 1.800 familias.

Por eso, desde la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento, como portavoces de la Asamblea de Trabajadores de Derechos Sociales, han exigido hoy al alcalde, Luis Salvador, al concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, y al concejal de Personal, Francisco Fuentes, un Plan de Contratación Urgente que refuerce la plantilla, permita eliminar las listas de espera y atender con calidad a la ciudadanía de Granada en situación de vulnerabilidad social."La situación es insostenible y la asamblea mantendrá sus movilizaciones reivindicativas", por lo que se realizarán concentraciones parciales durante el mes de abril y coincidiendo con el Pleno municipal una Asamblea-Concentración "en la que esperamos no tener que exigir la dimisión del concejal de Derechos Sociales, del de Personal y como responsable último del alcalde, Luis Salvador".

Según los datos ofrecidos, en materia de vivienda en breves fechas finaliza la moratoria frente a desahucios por lo que "estimamos que próximamente, además de los casos que ya se están atendiendo, habrá una avalancha de demandas en Servicios Sociales relacionados con necesidades de vivienda".

"La crisis social y económica derivada de la COVID-19 sólo está empezando a despuntar. Era algo con lo que no contaban los gestores, pero está aquí y ha llegado para quedarse durante una larga temporada".

Y ante esto, aseguran que las administraciones no resuelven, los recursos son pocos y escasos en su contenido. Tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital han sido denegadas, un 30% están sin resolver y sólo el 6,4% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia de este ingreso, que solo alcanza al 80% de las personas beneficiarias del sistema de rentas mínimas. "A pesar de la crisis social el IMV no ejecuta más que el 40% del presupuesto anual".

Además, acusan a la Junta de no resolver las demandas de Dependencia, "cuya lista es interminable". "La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía también está prácticamente bloqueada y como ejemplo de la falta de implicación real, los trabajadores municipales adscritos a este programa se encuentran en un limbo administrativo a la espera de que la Administración autonómica defina cuáles van a ser sus condiciones de continuidad laboral".

"Ante la falta de respuesta de la Administración del Estado y de la Administración Autonómica, la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social acude a su entorno más inmediato, el Ayuntamiento, donde las respuestas que encuentra a nivel de recursos son escasas y lentas. Como ejemplo, incluso las Ayudas Económicas Urgentes municipales tienen una media de más de 7 meses de ejecución una finalizada su tramitación en el Área de Derechos Sociales y el Ayuntamiento no aborda con eficiencia la resolución de una brecha digital que limita la capacidad de las personas usuarias. Los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios en esta situación han sido convertidos en la cara de una administración que no responde: no responde el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no responde el SEPE, no responde la REMISA, el Sistema de Dependencia…".

Y advierten: "Los Servicios Sociales ya estaban tocados y van camino de estar hundidos. Como Sistema Público de Protección Social siempre ha ocupado un segundo plano en el interés político y han estado infradotados de personal y medios".Por otra parte, las correlativas normativas aprobadas vía Decreto y modificación de Decreto abocan a los y las profesionales del Trabajo Social a convertirse en “policías de lo social” y expendedores de “certificados de pobreza” alejándolos cada vez más del objeto del Trabajo Social y dejando recaer sobre el Sistema de Servicios Sociales competencias que le son totalmente impropias, sin medios humanos y económicos asignados y cuestionables incluso a nivel legal. Convierten a los Servicios Sociales en agencias de tramitación de recursos ajenos, que no están funcionando y los privan de poder intervenir a niveles adecuados.La necesidad de recursos humanos en los Servicios Sociales es apremiante, es nuestra primera reivindicación, evidentemente seguida de una segunda: recursos para poder trabajar. sin los profesionales necesarios no se pueden implementar las prestaciones, ni atender a las familias en tiempos razonables (las listas de espera superan el mes y medio), ni llevar los casos de menores, ni atender a personas mayores y dependientes, ni informar, ni redactar informes sociales, ni “certificar”, ni acreditar…  y aunque tanto la administración autonómica como la estatal están incumpliendo con las expectativas que han generado en la población y no están dotando con medios sus exigencias, los servicios sociales no pueden ser un punto de bloqueo y en ese punto, la responsabilidad es municipal.Los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales, declarados esenciales durante la pandemia, sólo a nivel formal, son la cara de la administración ante la ciudadanía, una administración que no está respondiendo ante las necesidades de la población a ningún nivel. El reflejo de esta situación en la plantilla es una sobrecarga de trabajo, de exceso horario, de impotencia y frustración ante la imposibilidad de responder adecuadamente. Unos riesgos psicosociales que ya están pasando factura a través de estrés, problemas de sueño, ansiedad, frustración…