Los trabajadores del transporte urbano de Granada siguen adelante con su calendario de movilizaciones al no haber aceptado la última propuesta de la empresa. Así, el primer paro total del servicio será este viernes, 10 de junio. El siguiente, de seguir sin acuerdo, ya será en Corpus, el miércoles 15 y el viernes 17. De no solucionarse, a partir del 20 se convocará huelga indefinida de transporte urbano en Granada.

Los representantes del comité de empresa han trasladado hoy la última propuesta de la empresa a los trabajadores, que la han rechazado de forma unánime, tanto en el turno de mañana como en el de tarde. 

Según el presidente del comité, José Manuel Roldán, la empresa se mueve un poco pero no lo que quisieran los trabajadores y la plantilla ha propuesto también otra oferta, que la empresa sigue considerando inasumible.

Servicios mínimos

En la jornada de huelga de este viernes se han establecido unos servicios mínimos por la Junta de Andalucía del 30% de la flota en horas punta (de 07:00 a 09:00 horas y de 19:30 a 21:30) y de un autobús por línea el resto de la jornada. El resto del día, habrá un autobús por cada línea existente con el horario de comienzo y finalización de las jornadas habituales.

Además, habrá manifestación desde la Caleta a las 10:00 hasta la Plaza del Carmen.

Para conocer en detalle los horarios que operarán en las distintas líneas, los ciudadanos pueden consultar la página www.transportesrober.com, o contactar con la línea gratuita de atención al cliente: 900 710 900.

Disculpas por las molestias que ocasionen

Esta mañana, el presidente del comité de empresa ha pedido "disculpas" a los granadinos por las molestias ocasionadas por la huelga pero dicen que no tienen más remedio ante la ruptura y el bloqueo del convenio. "Es la única manera de reivindicar derechos legítimos", dice Roldán en una comparecencia con el portavoz de UP en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, que ha pedido hoy al Ayuntamiento que medie en un conflicto que afecta a la ciudadanía de Granada y del que culpa al modelo de privatización del servicio.

El comité de empresa y el portavoz de UP en el Ayuntamiento de Granada.

El principal escollo es la cláusula de revisión salarial a lo que quede el IPC a final de año. La empresa considera que es inasumible económicamente y los trabajadores dicen que no están dispuestos a perder poder adquisitivo. 

"Llevamos varios años muy duros. En 2020 se nos aplicó un ERTE donde los únicos afectados fueron los trabajadores. Ese mismo año la subida económica fue del 0%, no hubo porque sabíamos la situación global y entendimos que no era momento. En 2021 nos encontramos con IPC que terminó el año en un 6,5% y ese año se perdió un 5,1% de poder adquisitivo. Este 2022, viendo el IPC, los trabajadores no estamos dispuestos a seguir perdiendo y se exigía una clausula de revisión salarial a final de año. Exigimos que se nos revise el salario al coste de la vida, no pedimos una subida salarial. Es un derecho no solo nuestro sino de todos los trabajadores y de la sociedad", ha dicho Roldán.

Desde el comité de empresa no entienden que el alcalde de Granada y la concejal de Movilidad, responsables de garantizar que se presten servicios públicos, "no se han prestado a mediar ni se han puesto en contacto con los trabajadores para saber nuestras reivindicaciones. Están en contacto con la empresa pero con los trabajadores no, solo saben una parte".

"Por parte de los trabajadores hemos hecho diferentes propuestas y todas han sido rechazadas por la empresa argumentando que tienen un coste inasumible. Ayer hizo la empresa una propuesta a última hora y se hizo una contrapropuesta que tenían que valorar ellos también, pero les parecía inasumible también", asegura el representante de los trabajadores.

Debate sobre el modelo de gestión

Los trabajadores van a abrir el debate en asamblea general a raíz de este conflicto sobre la idoneidad de la gestión del servicio público, sobre si lo explota una empresa privada, como ahora, o por gestión directa del Ayuntamiento. "Habrá debate y lo trasladaremos a la opinión pública y al Ayuntamiento", ha dicho.

El alcalde sigue llamando al diálogo

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha llamado esta mañana nuevamente al diálogo entre empresa y trabajadores para intentar evitar la huelga, al igual que ha hecho con el conflicto también en Inagra, que anuncia huelga indefinida a partir del lunes 13.

"Espero que haya acuerdo y que apuren los espacios de diálogo para evitar la huelga. Hay un buen acuerdo y una invitación a que se solucione la situación", ha dicho el alcalde, que traslada el mismo mensaje sobre el conflicto de Inagra.

El Ayuntamiento sigue insistiendo, ante la petición de los trabajadores de media, que se trata de un conflicto laboral entre trabajadores y una empresa concesionaria, por lo que no pueden meterse.

UP dice que es la consecuencia de tener privatizado el servicio

El portavoz de UP en el Ayuntamiento de Granada, Antonio Cambril, ha comparecido esta mañana con los representantes del comité de empresa de Rober/Alsa para mostrar el compromiso de su grupo municipal con los trabajadores y su trabajo por evitar la huelga. "Estamos en un conflicto que en principio se circunscribe a los trabajadores frente a la empresa pero estamos preocupados porque es un servicio público que cuesta millones de euros a los granadinos y afecta directamente a la ciudadanía", ha dicho.

Según Cambril, el problema surge porque hay una voluntad política de los distintos grupos municipales, excepto el de UP, por mantener privatizados los servicios con unos beneficios indecentes para multinacionales. "Rober-Alsa es un servicio municipal gestionado por una empresa privada pero los conflictos con los trabajadores siempre afectan a los ciudadanos y es una paradoja que el Ayuntamiento, que es titular del servicio, no tiene competencia para intervenir porque es un conflicto estrictamente privado. Pero sí hay una obligación moral de intervenir como institución y proteger los intereses de toda la ciudadanía".

"Como grupo, aunque no tenemos competencia estamos muy preocupados por una huelga anunciada para el viernes e incluso que puede convertirse en indefinida tras el Corpus", ha dicho Cambril, que asegura que los trabajadores tienen que tener garantizados sus derechos, lo que pasa por no perder poder adquisitivo.

Según Cambril, "los trabajadores han hecho muchos esfuerzos en los últimos meses y el Ayuntamiento tiene que ser sensible, implicarse y mediar en la solución del conflicto para evitar el perjuicio para trabajadores y ciudadanos que puede suponer una huelga que no gusta a nadie".

"Los trabajadores de Alsa no son los únicos perjudicados pero sucede siempre lo mismo con los empleados de empresas públicas privatizadas. Las grandes concesionarias se llenan los bolsillos con beneficios desmesurados sin que ningún equipo de gobierno se haya atrevido a controlarlos", asegura, desvelando que la empresa en el ejercicio 2020 ganó 8 millones de euros de beneficio, que no es poco. "Ese mismo año de la pandemia, pese a reducir los servicios, la empresa aumentó un 525% sus beneficios y se realizaron ERTE por valor de 344.000 euros. Consideramos que los trabajadores tienen que tener protegidos sus derechos pero no a costa exclusiva de los ciudadanos de Granada, que pagan el billete y además con sus impuestos el servicio de transporte público".