"Ha sido especialmente dolorosa la aparición en los medios de comunicación de algunas noticias que decían que estábamos desviando alumnado de la educación pública a la concertada, cosa que no es cierta. Sólo hemos desviado a aquellos que lo han pedido". Así quiso zanjar ayer la delegada de Educación del Gobierno autonómico en Granada, Ana Gámez, la polémica suscitada con algunos escolares del IES Generalife o del motrileño Francisco Javier de Burgos. "El proceso de escolarización es transparente y democrático y aplica siempre los criterios de cercanía al centro y de conciliación de la vida laboral y familiar, tener hermanos en los centros o poseer algún tipo de minusvalía".

No obstante, los testimonios aportados por los afectados dicen completamente lo contrario. Y la lista de 'adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido inicialmente', emitida por la propia Junta de Andalucía, corrobora la versión de sus progenitores. Las protestas llegaron después de que un total de 37 alumnos se hubiesen quedado sin plaza en el Instituto Generalife de la capital. Muchos, incluso con hermanos en el centro. Algunos lo habían solicitado al ser el único que imparte del Bachillerato de forma trilingüe, en español, francés e inglés. Sobre tal situación, Gámez manifestó que la realidad es que "no les correspondía" estudiar allí. "Cada colegio de Primaria está adscrito a uno o varios institutos de Secundaria, por lo que todos los alumnos tienen garantizada su plaza. Hay algunas solicitudes que han pedido en centros que no les corresponden o que no estaban adscritos y no podemos construir centros educativos de cuatro, cinco o seis plantes y cerrar otros porque es voluntad de la Consejería mantener abiertos todos los que hay".

Según la delegada, el Ejecutivo andaluz ha hecho un "esfuerzo enrome" por poner en funcionamiento institutos en las localidades del área metropolitana, y "no se entiende" que familias que tienen ya una plaza escolar en Primaria y les corresponde el instituto de su localidad pidan centros de Granada capital. "Si hay plazas, se pueden escolarizar, si no, tienen prioridad otros", agregó. "Esto es lo que ocurre en el Instituto Generalife, donde los alumnos que no han entrado proceden de localidades como Maracena, Cúllar Belicena, Alfacar, etc. que tienen todos un instituto en donde viven".

En Motril, los padres de varios alumnos del Instituto Francisco Javier de Burgos se encerraron al reclamar que se cerrarían aulas que han estado siempre operativas. La delegada sostuvo que se pondrían unidades sólo si había alumnos. "Algunas de estas protestas han ocurrido de forma extemporánea porque el proceso de escolarización no ha terminado y porque ajustaremos la oferta y la demanda conforme se vayan cumpliendo los plazos que establece el calendario de escolarización". Asimismo, recordó que el municipio costero cuenta con 625 plazas para 572 solicitudes, por lo que existen más de 50 plazas "vacantes" y que "no hacen falta nuevas unidades".