Dos de cada tres niños granadinos discapacitados son escolarizados fuera de los siete centros de Educación Especial que existen en la provincia de Granada. El último informe elaborado por el Defensor del Pueblo andaluz sobre la situación de este tipo de enseñanza en la comunidad autónoma revela que los centros específicos granadinos atienden al 28,6% de la población, según unas peticiones que se presentan tras los dictámenes que obligan a matricular a un menor en estos colegios por el grado y tipo de discapacidad que sufre.

El estudio de la institución que dirige José Chamizo muestra las carencias que aún tiene esta enseñanza en Andalucía. En dicho informe, que se recopilan datos del curso 2009-2010, se constata que la provincia granadina es la que mayor número de alumnos tiene matriculados en centros de Educación Especial, alrededor de 725, aunque detrás de esta cifra hay una política educativa que trata de 'normalizar' al 71,4% de los menores de 16 años que tiene alguna discapacidad. Por tanto, según este porcentaje, en la provincia hay 2.538 niños con necesidades educativas especiales que reciben esta atención en los centros ordinarios de Primaria y Secundaria.

El informe apunta que las principales razones que se dan en Granada para denegar las solicitudes a los centros específicos se encuentran la falta de espacio (en el 43% de los casos), por falta de recursos materiales (38%), la carencia de personal (29%) y la más importante de todas: por decisión de los Equipos de Orientación Educativa (EOE) y orientadores de los IES (25%).

Sin embargo, la Delegación Provincial de Educación maneja datos de este curso. Según su titular, Ana Gámez, en los siete centros de educación especial que hay en Granada sólo se atiende al 15% de los menores discapacitados, que son unos 619.

"El 85% restante está perfectamente integrado en los colegios e institutos en las 120 aulas específicas que tenemos en marcha". La razón de este porcentaje tan elevado no es, en opinión de la delegada, por desatender una demanda, sino porque las políticas educativas actuales tratan de fomentar la inclusión, integración y normalización de estos menores.

"Cuando los equipos de orientación educativa derivan a un alumno a un centro específico -dice Gámez- supone, en muchos casos, un trauma para la familia. Todo el mundo cree que hay más posibilidades de socializar y educar a un menor con discapacidad en un centro ordinario que en uno específico".

Para la delegada, estos niños "están perfectamente atendidos, sólo que en lugar de recibirla en centros específicos que además están alejados de su zona de residencia o que se encuentran fuera de las rutas del transporte escolar (también gratuito para esta enseñanza) estudian en alguna de las 120 aulas específicas instaladas en colegios o institutos de enseñanza convencional, donde se imparten los mismos contenidos que en un centro de Educación Especial.

Además, la delegada recuerda que financiar la escolarización de un discapacitado en un centro ordinario es mucho más costoso que en uno específico, "porque hay una mayor dispersión de los recursos, tanto material como de personal". Pero las ventajas son obvias: una atención más cercana a su domicilio y, en muchos casos, con un monitor en exclusiva para cada alumno.

La mayoría de los centros específicos son concertados y están especializados en un tipo de discapacidad. No obstante, no son los únicos recursos con los que cuenta la Administración educativa para enseñar a estos niños. En la actualidad hay cuatro niveles de atención a los menores que presenten una discapacidad física o psíquica. Su escolarización siempre viene dictaminada por un certificado médico de la delegación de Igualdad y Bienestar Social o por un informe psicopedagógico elaborado por los servicios de orientación educativa. Este documento recoge el grado de discapacidad, del que dependerá su matriculación en una de las cuatro alternativas que existen, que van desde la integración total -fin sobre el que se asienta la política educativa de la Junta y en el que insiste el Defensor del Pueblo- a la escolarización en uno de los 7 centros educativos especiales o en su defecto, en una de las 120 aulas específicas.

En la provincia de Granada la concertación en la Educación Especial prevalece sobre la oferta netamente pública. El informe del Defensor del Pueblo andaluz así lo evidencia. Sólo uno de cada diez niños con discapacidad son atendidos en centros que pertenecen a la Junta. El resto lo hacen en instalaciones privadas.

En Granada, de los siete centros abiertos actualmente, seis son concertados y uno es público. Cuatro en la capital: la Clínica San Rafael, con 52 alumnos según informó la delegada; 116 en la Purísima Concepción; 67 en la Sagrada Familia; y 96 en el Santa Teresa de Jesús. Y dos en la provincia: Nuestra Señora de la Esperanza en Guadix y Luis Pastor en Motril. Sólo uno es público, el Jean Piaget, ubicado en Ogíjares.

La situación en el resto de Andalucía no difiere mucho de la granadina. La escolarización en los concertados supera a la de la pública, excepto en Almería, donde los centros que son titularidad de la Junta tienen más matriculaciones que los que son de gestión privada, y en las provincias de Cádiz y Huelva, en las que se registra un empate entre ambas ofertas.

Otro de los aspectos reseñables del informe es el número de alumnos matriculados en estos centros respecto a los que lo hacen en escuelas convencionales, cuestión en la que también se producen ciertas diferencias provinciales. Este grupo de estudiantes es mínimo en comparación con todo el alumnado, de forma que en Andalucía no llegan a suponer más del 0,24% de los escolares. Granada, en esta comparativa, es la que tiene un mayor porcentaje de niños de Educación Especial escolarizados en los centros especiales, que representan el 0,43% de su alumnado. Le siguen las provincias como Cádiz (0,33%) y Sevilla (0,26%; y en el lado opuesto se sitúan Huelva, donde el alumnado matriculado en centros específicos no supone más del 0,11% de sus estudiantes y en Málaga (0,13%), Jaén (0,15%) y Almería (0,16%).

En la red de centros de Educación Especial de la provincia hay algunos colegios que se han convertido en referentes españoles por su especialización en tratar algún tipo de discapacidad, como es el caso del Virgen de la Esperanza de Guadix, que atiende a 34 alumnos con discapacidad visual; o el Sagrada Familia, con 65 menores con discapacidad auditiva. A nivel andaluz, Granada es la provincia que tiene un mayor número de discapacitados motóricos, con 105 alumnos matriculados el curso pasado, de un total de 432 en toda la región.