El Soto, en el punto de mira

Ningún responsable de la Consejería de Educación ha informado a El Soto de Chauchina que el Gobierno andaluz tenga intención de acabar con la renovación de su concierto. Tampoco la dirección de este centro de Formación Profesional ha recibido misiva alguna que advierta de sus malas prácticas en la selección de su alumnado. Sin embargo, hace siete meses que El Soto está incluido en una lista con una decena más de centros concertados andaluces, todos vinculados al Opus Dei, a los que se les acusa de negarse a ofertar una educación mixta.

La denuncia pone en una difícil situación al centro, porque la Consejería de Educación acaba de abrir el plazo para la renovación de conciertos educativos y ha incluido por primera vez una cláusula (Artículo 17.5 del BOJA del 5 de enero de 2009) en la que se aclara que los fondos públicos no se destinarán "en ningún caso" a centros que "discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier condición o circunstancia personal o social".

Sin embargo, donde está la ley está la trampa. Aunque la intención del Gobierno andaluz con esta medida es obligar a la dirección de los centros concertados a que amplíen su oferta educativa y que bajo ningún concepto segreguen a su alumnado según su ideario, la ley no especifica de qué forma deben gestionar la escolarización o la formación impartida.

El (desde septiembre) director de El Soto de Chauchina, José Manuel Pérez, aseguró ayer a Granada Hoy que entre sus 200 alumnos hay una treintena de chicas y que "nunca se ha discriminado a nadie por su sexo en este centro".

Lo cierto es que El Soto de Chauchina es un instituto especializado en formación profesional agraria en cuyos módulos no hay mujeres. Creado hace 35 años por la Obra Social de Caja Granada, este centro granadino es gestionado desde entonces por la Escuela Familiar Agraria (EFA) y su docencia sigue abiertamente las directrices del Opus Dei, que en sus centros de formación defiende un modelo educativo basado en la segregación de sexos.

Pero los centros educativos andaluces que (en este mes) quieran renovar su concierto para los próximos cuatro años tienen ahora que adaptarse a la LOE y a la nueva orden de la Junta o bien recurrir vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Soto de Chauchina sabe que peligran los fondos públicos y ha incluido recientemente en su oferta cursos de informática y de administración cuyos usuarios incluyen a un buen número de mujeres, cubriendo así la cuota femenina que le libra del estigma sexista.

El director de El Soto reconoce la ausencia de chicas en el módulo de Trabajos Forestales, pero dice que "es un problema de falta de demanda" y se remite a la promoción de 2002-2004 para destacar la presencia de tres mujeres entre 17 chavales.

La situación de El Soto de Chauchina es, según su responsable, igual que la de otros centros de FP públicos, y cita como ejemplo al Hermenegildo Lanz, que "tiene un módulo de Mecánica en el que tampoco hay mujeres".

Ahora otra interrogante sobrevuela sobre la dirección de todos los colegios católicos concertados y es que esta misma ley les obliga también a aceptar a todos los alumnos independientemente de su creencia religiosa.