Después de varios meses de espera, el concejal de Economía, Baldomero Oliver, puso ayer sobre la mesa la propuesta socialista para el Plan de Saneamiento. Un documento abierto a las sugerencias del resto de grupos que, de ser aprobado, será trasladado al Gobierno central como plan a la "carta" con una misión clara: rescatar a la ciudad del agujero económico en un horizonte temporal que abarca de 2018 a 2027. El proyecto repleto de medidas tanto en ingresos como en gastos deja en evidencia un hecho: toca rascarse el bolsillo. Solo así será posible absorber los 90 millones de remanente negativo de tesorería que arrastra la ciudad después de 13 años de gestión del Partido Popular. "Esto no es una herencia, es una puñalada que le dieron a la ciudad de Granada y que todavía está sin cicatrizar", llegó a decir el edil quien pidió una vez más colaboración al resto de los grupos para aprobar este plan necesario y reducir los números rojos.

Una de las medidas de mayor impacto es el incremento de los valores catastrales en un 4% en 2018, 2019 y 2020 y su mantenimiento el resto de los años. Esto supondrá un aumento de ingresos de hasta 7 millones de euros sin tocar el tipo impositivo del IBI para "no gravar más a la ciudadanía". Pero, además, en este apartado se rescatan algunas de las medidas propuestas en el borrador de las Ordenanzas Fiscales como la eliminación de las bonificaciones potestativas relativas al 5% de la domiciliación del pago del IBI y del Impuesto de Vehículos Tracción Mecánica (que supondrían un aumento de 1.601.949 euros y 144.441 respectivamente) o la bonificación a vehículos de más de 25 años que brindaría 902.986 euros extra.

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Por otra parte, el equipo de gobierno plantea la creación de una tasa por ocupación del dominio público a las compañías de suministro de energía. Pero sobre todo, intensificar al máximo la inspección de tributos que provocará un incremento de ingresos de 5.670.000 euros. Una propuesta, esta última, que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha con éxito.

Además, la capital aboga por la venta de patrimonio para reducir la deuda financiera (otra de las medidas que ya se están llevando a cabo tal y como se pone de manifiesto en cada junta de gobierno local). Esto fue criticado ayer por Vamos Granada, que lamentó la venta de 1.400 plazas de parking para equilibrar el plan de saneamiento.

Por otra parte, Oliver destacó que la adjudicación, mediante concesión de la explotación del servicio de vigilancia y control de los estacionamientos limitados y de la grúa municipal con un cambio de tasa a tarifa, puede conllevar un ingreso anual de 2.100.000 euros.

En el capítulo de ingresos también se proponen diversas modificaciones especialmente centradas en el capítulo de Personal como la reducción de puestos de confianza, la supresión de horas extra (plan que ya está dando sus frutos), la amortización de las vacantes por jubilación (con un ahorro en 2018 de 408.000 euros) o la equiparación de los complementos específicos de personal de Emuvyssa y Gerencia de Urbanismo durante la etapa popular.

Pero también se prevé tocar los gastos corrientes con la supresión de contratos no esenciales como el seguro médico de Adeslas a algunos funcionarios, la revisión de las cláusulas del contrato de limpieza y recogida de residuos (que caduca en 2020) 2020) o la revisión del contrato de telefonía pendiente de licitación en breve o el contrato de suministro de energía eléctrica o conservación, bacheo y reforma de los pavimentos, portería-consejería en colegios o renovación de la instalación de alumbrado público.

Las reducciones también llegan al bolsillo de los grupos municipales. Se prevé la retirada del 99% de aportación en los ejercicios de 2018 y 2019 cifrada en 352.883 euros o la reducción de las transferencias realizadas a Gegsa (181.098). De esta forma se pretende llegar al equilibrio presupuestario en los próximos diez años bajo las premisas de mantener la calidad de los servicios sin cargar con más impuestos a la ciudadanía. "Se trata de un plan dinámico que habrá de ser permanentemente revisado, examinado en su ejecución y completado con todas las propuestas que el resto de grupos políticos quieran aportar" destacó el edil, quien anunció una reunión para debatir con la oposición sobre el plan que evitará el "rescate por parte del Gobierno central" que aumentaría sí o sí la presión fiscal de los granadinos. "Esto no es mi programa económico ni puede ser el programa de ningún grupo político o municipal, esto es la medicina para que el enfermo no se nos muera", destacó Oliver para quien en estos momentos no se le "pasa por la cabeza" no alcanzar un acuerdo con la oposición. El presente Plan de Saneamiento debe ser capaz de cubrir un déficit en torno a 90 millones.

El edil también repasó las medidas que ya se han implementado y con éxito desde la llegada del PSOE a la Alcaldía como el proyecto de reducción de horas extra de la Policía Local y los Bomberos, la reducción de miembros del tribunal de contratación, los puestos de confianza, el aumento de las tarifas del servicio público, el cambio en el contrato de control de accesos y vigilancia de edificios o el nuevo contrato de TG7.