La empresa que en 2015 consiguió la adjudicación del gran contrato de 635 millones de euros para el tratamiento de residuos municipales de la provincia gozó de una "ventaja competitiva ilegal". Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en un auto que confirma la nulidad del proceso llevado a cabo por la Diputación de Granada en 2015, cuando el Partido Popular gobernaba la institución.

En un auto del pasado 15 de abril, el Supremo ha rechazado admitir a trámite los recursos de casación presentados por la propia Diputación y por la empresa adjudicataria, FCC, contra las anteriores resoluciones judiciales (la última, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) que anulaban el contrato de tratamientos de basuras, uno de los más importantes de los últimos años por su cuantía y duración (25 años).

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo sostienen que "en este caso no hay duda alguna de que se aplicó en el resumen de los presupuestos materiales del adjudicatario un porcentaje inferior a la horquilla del 13 al 17% reglamentariamente permitido para los gastos generales". Es decir, que la empresa adjudicataria aplicó un porcentaje del 10% que no está permitido por la ley, lo que suponía una ventaja competitiva respecto al resto de empresas que aspiraban al contrato. 

Todo este proceso comenzó con la impugnación del proceso de adjudicación de una de las mercantiles que se quedaron fuera, Valoriza Servicios Medioambientales SA. La Diputación rechazó el recurso, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada sí estimó la queja en enero de 2017 y declaró nulo el proceso de contratación, al menos en su última fase. 

En mayo de 2018, la Sala de lo Contencioso del TSJA desestimó los recursos de apelación y confirmó la sentencia, de modo que la institución provincial tendría que dar marcha atrás en el proceso y volver a adjudicar el contrato desde la fase de valoración de las ofertas presentadas. 

La última opción judicial era la del Supremo y así lo han intentado la empresa contratista y la misma Diputación, que ahora, con el portazo de su último auto, ya han visto agotada la vía ordinaria. 

El pleno de la Diputación da cuenta hoy del contenido de esta nueva resolución judicial.  

Responsables socialistas como el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid han reclamado ya en redes la dimisión del anterior presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que ahora forma parte del gobierno municipal d ela capital, en coalición con Ciudadanos. 

"Esto es tan grave, pone tan en riesgo a la propia Diputación, que lo mínimo que deberíamos pedir es que Sebastián Pérez dimita, que no se dedique nunca más a lo público. Este es el socio de (Luis) Salvador", expresó el anterior concejal de Medio Ambiente de la capital.