La Sala Segunda del Tribunal Supremo fijó para el próximo 21 de enero la deliberación y decisión sobre el recurso presentado contra la sentencia del conocido como caso Alhambra, que enjuició el supuesto fraude en los accesos al monumento nazarí y se saldó con la condena a diez de los procesados. La providencia del Supremo, fechada el pasado jueves 19 de diciembre, constituyó la Sala que deliberará y tomará una decisión sobre el recurso presentado contra la sentencia dictada por la Audiencia de Granada y que tendrá como ponente al magistrado Andrés Martínez.

Este paso se alcanzará después de que se admitiera a trámite el recurso presentado por seis de los condenados y se haya declarado "concluso". El Supremo revisará ahora la sentencia dictada el año pasado por la Audiencia de Granada y que condenó a 17 meses de cárcel a Francisco C.J., principal acusado del caso Alhambra, que enjuició el supuesto fraude en los accesos al monumento nazarí y el fallo de la Audiencia condenó a otros nueve procesados a penas de entre tres y nueves meses de prisión y absolvió a los 40 restantes.

Dicha sentencia, que fue recurrida también por la Junta y la Fiscalía, consideró probado que los condenados cometieron los delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, aunque no los de daño patrimonial y cohecho. El principal acusado, responsable de una agencia de viajes y guía turístico, fue además condenado a indemnizar con 58.000 euros al Patronato de la Alhambra, entidad pública que gestiona el monumento y afrontar una multa de otros 18.000.

Este juicio se celebró en una sala especial desde el 15 de septiembre al 19 de diciembre de 2016, tras una instrucción que se alargó durante casi nueve años y que terminó con una sentencia publicada más de un año después de que finalizara la vista.

La sentencia, de más de 200 páginas, aplicó a todos los condenados la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde el inicio del caso hasta el fallo. La instrucción y el juicio posterior tuvieron como objetivo determinar si entre 2002 y 2005 se desarrollaron prácticas ilegales en el acceso al monumento que favorecieron un fraude y el enriquecimiento de los implicados, junto a un posible daño a este espacio protegido.