La contratación irregular de servicios con una empresa privada para la televisión municipal TG7 por parte del Ayuntamiento de Granada se ha convertido ya en el quinto frente judicial que tiene abierto en anterior gobierno local del PP. La reciente denuncia de la Fiscalía por este asunto acaba de aterrizar en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, que ya ha iniciado esta nueva investigación penal contra políticos y técnicos con responsabilidades durante el último mandato del alcalde José Torres Hurtado.

La apertura en febrero de 2014 de unas diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada para averiguar el alcance penal de la construcción de una discoteca sobre una parcela de terreno verde junto al Serrallo marcaron el inicio de lo que empieza a ser un largo calvario judicial para algunos de los responsables de aquel ejecutivo del PP. Ese caso, el primero y más avanzado por el momento, ha provocado que todos los miembros de la junta de gobierno que presidía Torres Hurtado hayan sido procesados por la juez y estén a un paso de ir a juicio con peticiones de cárcel que pueden llegar hasta los 21 años en el caso de algunos de los acusados.

La actuación investigada habría producido una merma en las arcas municipales de 864.121 euros

Pero ese asunto del Serrallo fue solo el inicio. La declaración que en el seno de esa causa hizo el exdirector de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, ante la juez, unida a las denuncias de varios particulares afectados por supuesto trato de favor a promotores en operaciones urbanísticas diferentes, empujaron a la Fiscalía y al Juzgado a emprender una investigación mucho más compleja y global sobre la existencia de una supuesta "trama organizada" de corrupción en el Ayuntamiento de la capital. Así nació el caso Nazarí, la gran macrocausa que provocó el 13 de abril de 2016 la espectacular operación policial de detención y registro de 15 investigados, incluido el entonces alcalde. Aquel fue el punto de inflexión que provocó el vuelco en el Ayuntamiento de la capital, con el final de los 13 años de gobierno de Torres Hurtado y la llegada de un nuevo alcalde socialista, Francisco Cuenca.

Desde ese momento han ido apareciendo otros escándalos por supuestas gestiones fraudulentas del pasado. Es el caso de la venta a una asociación privada del edificio municipal Casa Agreda en 2014, la contratación de algunas personas en la empresa de cementerios Emucesa que nunca llegaron a desarrollar trabajos y la gestión económica de la televisión municipal, que ha sido el último caso aterrizado en los juzgados.

Cabría pensar que el motor de esta suerte de revisión judicial sobre la posible corrupción municipal de los últimos años es el actual gobierno municipal socialista, que al llegar a la Alcaldía prometió abrir cajones y armarios para analizar la legalidad de lo actuado en años atrás, especialmente en materia urbanística. Pero la realidad es que ha sido la oposición y especialmente el grupo de Vamos Granada, a través de su concejal Marta Gutiérrez, quienes han dado el paso de llevar todos estos asuntos a la Justicia.

La edil, que también representa la acusación popular en los casos Nazarí, Casa Agreda y Emucesa, anunció ayer que acaba de recibir el requerimiento del Juzgado que ha abierto la investigación de TG7 para que formalice la personación que había solicitado. Ella fue la que presentó la denuncia en la Fiscalía sobre este asunto contra el anterior concejal de Personal, Servicios Generales y Contratación, Juan Antonio Fuentes (actualmente edil del PP en la oposición), por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía, después de un periodo de investigación abierto en diciembre pasado y durante el que recibió alegaciones del concejal Fuentes, presentó a finales de febrero una denuncia en el Juzgado al apreciar indicios suficientes de la comisión de esos delitos denunciados mediante la contratación irregular de servicios a la empresa privada que gestionaba la televisión TG7 y que habría provocado un perjuicio económico para las arcas municipales de 864.121 euros.

La fiscal Emilia Rancaño, que también lleva otros de los casos mencionados antes, aprecia que el concejal Fuentes, con la "connivencia" de otra trabajadora municipal que coordinaba el Servicio de Información municipal (la directora de la televisión), suscribió en 2015 un contrato con la mercantil Central Broadcaster Media SL para reconocer de forma irregular una serie de gastos que estaban fuera de lo contratado originalmente con esa empresa. La fiscal considera que Fuentes firmó ese convenio (que en realidad es un contrato) sin pasar por ningún órgano competente en la contratación de gastos, como la junta de gobierno, "con la finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa contratista".

Hasta esa fecha de 2015 la empresa privada habría prestado unos servicios que quedaban fuera del contrato formal de 2011 y que solo fueron aceptados por el concejal Fuentes. Dice la Fiscalía en su denuncia que al llegar el momento de la resolución del contrato con esta sociedad, ante "la imposibilidad de reconocer una deuda previa contraída y en base a unos conceptos no concretados, el denunciado decide reconocer, en nombre del Ayuntamiento de Granada, una deuda a la mercantil mediante la ficción de un contrato-convenio".

Como alegación ante la Fiscalía, el concejal Fuentes presentó un informe encargado por el actual gobierno socialista a una letrada municipal, quien no apreció que esa contratación, que sí sería irregular y poco ortodoxa, pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La fiscal no se mostró de acuerdo con el criterio de esta letrada de la Asesoría Jurídica municipal y expuso en su denuncia que, en base a lo establecido en el Código Penal y a la jurisproducencia, la actuación del concejal del PP, con "pleno conocimiento" de que no tenía competencias, sí sería constitutiva de los posibles delitos investigados.