Los funcionarios de la Administración de Justicia han llevado sus protestas a la playa, aunque ésta se encuentre en plena ciudad de Granada. A las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los empleados públicos han escenificado su protesta con bañador, toalla y flotador, de tal modo que Plaza Nueva se ha convertido en un escenario veraniego. 

Tras varias concentraciones y jornadas de paro, el 22 de mayo pasado los funcionarios de la Administración de Justicia de Granada, junto con los de Andalucía y el resto de España, iniciaban una huelga indefinida que ha paralizado el normal funcionamiento de la justicia. 

Son miles los trámites, juicios y vistas que se han quedado suspendidas o canceladas, y durante este tiempo más de la mitad de la plantilla de los juzgados de Granada ha permanecido ejerciendo esta huelga, con picos del 80% de seguimiento, según los sindicatos convocantes.

La "posición" del Ministerio de Justicia, de negar "cualquier subida" retributiva, ha provocado la "indignación del colectivo que constituye más del 90% del personal que trabaja en los juzgados, tribunales, fiscalías, registros civiles y otros servicios no jurisdiccionales", según los sindicatos convocantes (CSIF, STAJ, CCOO y UGT). 

Los convocantes han asegurado que el equipo de la ministra de Justicia Pilar Llop no reconoce "la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de la Administración de Justicia (cuerpos generales, especiales y de medicina forense) ni las funciones reales de los cuerpos generales". Además, han acusado al Ministerio de "despreciar" la implicación, la participación y el papel "determinante" de la "inmensa mayoría del personal de la Administración de Justicia" en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.

Al hilo, también han afeado a Justicia que quiera "imponer, sin negociar, la Ley de Eficiencia Organizativa, poniendo en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Una huelga con miles de procesos parados

Los responsables sindicales lamentan las molestias que sufren tanto los ciudadanos de a pie como los abogados y profesionales de Justicia que se han visto afectados por las movilizaciones intermitentes desde abril y la huelga indefinida desde el pasado 22 de mayo.

"Sabemos que son los más afectados por nuestras movilizaciones, pero debemos seguir con nuestras reivindicaciones. Si el Ministerio de Justicia atendió las reclamaciones de los abogados, ¿por qué no quieren tratar con nosotros? No somos personal de segunda, queremos que se reconozca nuestra labor".

Las organizaciones convocantes exigen al Gobierno que ponga encima de la mesa una propuesta económica para negociar. En concreto, exigen una mejora salarial acorde con las funciones que realizan a diario, en concreto de entre 350 y 430 euros. Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto Complemento general del puesto, una retribución básica ligada a sus funciones, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen.

Según los cálculos del comité de huelga, desde el inicio del conflicto más de un millón de juicios se han visto suspendidos y aplazados en toda España, así como más de 40 millones de actuaciones judiciales paralizadas y millones de ciudadanos afectados.