La Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, también se mostró en la apertura del año judicial "cansada" de reiterar e insistir "otro año más" en la situación del sistema judicial ya que considera que tras la pandemia y las secuelas que mostró en su funcionamiento el sistema judicial, "hemos llegado a una encrucijada nada favorable por el colapso que está mostrando para dar una respuesta en un tiempo adecuado en la resolución de las causas al mantener todavía un déficit de recursos materiales y de personal". Además, las reivindicaciones laborales de los últimos meses con las huelgas en el sector, "han generado más atascos y suspensiones de juicios, además de afectar de manera especial en los ingresos económicos de colectivos como abogados y procuradores".

Como novedad, Tárrago dijo mostrarse "expectante" para analizar la irrupción y aplicación de la inteligencia artificial y sus posibles efectos, que podrían afectar a los derechos fundamentales. "Es por ello, que urge comenzar a articular un marco normativo jurídico sobre su aplicación. Es una actividad que va afectar y transformar la organización económica, laboral y social, y en la que se abre una etapa tan ilusionante como inquietante, y cuyos efectos positivos y negativos deben ser analizados y estudiados en profundidad".

La fiscal volvió a instistir, en consonancia con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en que "prima la necesidad de mantener vías de negociación, diálogo y consenso para su desbloqueo y solución". De hecho, criticó que pese a ser uno de los tres poderes del Estado, los partidos políticos en la reciente campaña electoral "apenas sí han hecho públicas a la ciudadanía las propuestas de mejora para la Justicia, que ha quedado relegada frente a otros temas". "La falta de acuerdo político para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha estado presente en los medios de comunicación con la consiguiente percepción de desprestigio y desafección de la ciudadanía hacia el sistema judicial. Sin embargo, este bloqueo no es representativo de los problemas en el día a día que afrontan los profesionales de la Justicia para desarrollar su trabajo con eficacia".

Por eso insistió en pedir "decisión política" en la que prime "el interés común para alcanzar una solución urgente a este continúo bloqueo sistemático" y para aplicar el Plan de Modernización y la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que conlleva una reforma organizativa y procesal importante en el sistema judicial.

Dispersión de sedes en Granada

"El Ministerio Fiscal considera necesario dar un empuje tecnológico definitivo para que haya una verdadera transformación digital de la Justicia. Marcar, como ya se viene haciendo, unos objetivos concretos a corto plazo en la puesta en marcha de los proyectos de Oficinas Fiscales, el sistema telemático Lexnet, los sistemas ofimáticos y el ansiado expediente digital unificado. Para ello, consideramos conveniente consolidar lo implantado hasta ahora, corregir las disfunciones que presenten y seguir avanzando", ha dicho la fiscal, que ha agradecido a la Consejería de Justicia los refuerzos puntuales de personal a las Fiscalías cuando han sido solicitados. También agradeció el traslado de los órganos judiciales de Sevilla a la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas que se está realizando estos días y "esperamos que el edificio pendiente y proyectado, donde se ubicarían las dependencias de la Fiscalía sea pronto una realidad para su total unificación". "Una solución que esperamos en otras provincias y más concretamente en la ciudad de Granada para solventar la dispersión de sedes que se está abordando, siendo un problema desde hace años y que no se ha llegado ni a consensuar su ubicación", ha dicho sobre la situación granadina.

Tárrago ha criticado también que se haya diseminado el tercer anteproyecto de Ley de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se presentó hace dos años y medio. "Esta reforma procesal penal sería uno de los pilares básicos para reducir la lentitud de la Justicia al evitar la duplicidad en la fase de investigación que pasaría a ser instruida por el Ministerio Fiscal, modelo que aplican en los países europeos y que la Unión Europea aconsejó a España cambiar con la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea hace dos años".

"No acertamos a entender esta falta de consenso político ni los profesionales de la Justicia ni la ciudadanía. Porque tengan la certeza que invertir y mejorar la justicia conlleva consolidar y fortalecer nuestra democracia y nuestra convivencia tan necesarias en los tiempos convulsos y polarizados en esta etapa histórica", puntualizó la fiscal superior de Andalucía. 

Para Tárrago queda pendiente modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que introduzca cambios que le confiera un estatus de autonomía reforzada, desde el espacio organizativo, presupuestario y formativo para gestionar los recursos materiales y personales. Además, considera que la formación continua de la carrera fiscal está siendo de gran eficacia para la especialización para dar una respuesta uniforme jurídica y actualizada a la cambiante criminalidad.

Datos de la memoria

En una alusión a los datos de la memoria presentada hace unos días, la fiscal ha recordado que la Fiscalía de Andalucía registró en 2022 algo más de 376.00 diligencias previas, un incremento del 13,3% más que en el año 2021. Esta cifra total ya supera a la alcanzada en 2019, el año anterior a la pandemia, en un 4%. "Son 15.000 procedimientos más, lo que supone que ya hemos superado en dos años la actividad procesal previa a la crisis sociosaniataria", apuntó.

Tárrago ha asegurado que año tras año se constata un incremento en los procedimientos complejos y graves relacionados con la corrupción política, económica y social, y los referidos a grupos o bandas organizadas, y en el caso del narcotráfico con ramificaciones transnacionales en los que se imputan diversos y complejos delitos con numerosos investigados. Una situación que exige un mayor esfuerzo y dedicación de los fiscales, por lo que la carga de trabajo sigue aumentando un año más e incide la ampliación de órganos judiciales y las reformas legales con mayor atribución de funciones al Ministerio Fiscal.

"Nos preocupa el crecimiento de los delitos informáticos y los de las redes sociales que aumentan cada año con nuevas formas de delincuencia, o las que afectan al medio ambiente por las consecuencias asociadas que afectan directamente a la población y contribuyen al cambio climático. También apreciamos que las lesiones por reyertas están mostrando una especial violencia hasta ahora inusual. Y se mantienen elevadas cifras de violencia de género y abusos y agresiones sexuales entre menores", resumió.