La tasa turística ha vuelto a la palestra informativa. Y los ingresos que puede suponer para una ciudad como Granada no son baladí . Las razones para tratar de implantar este impuesto se llevan repitiendo en los últimos años. Unos argumentos con los que ahora se vuelve a intentar convencer a todos los agentes del sector para iniciar el camino que conduce a dicho objetivo. La ciudad tendrá que acordarlo con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, con el fin de contar con un marco legislativo que permita cobrar a los viajeros por su estancia y actividades que desarrollen en la ciudad. 

El acuerdo con el sector del turismo provincial supondría un gran paso (la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de momento se ha enconado en el rechazo a la tasa), pero primero había que solicitar al Gobierno autonómico que lo permitiera, cosa que el alcalde, Francisco Cuenca, ya ha hecho. La mirada se ha puesto en otras ciudades que cuentan con este cobro. El trabajo que desarrollaron para su implantación y la gestión desde entonces sirven de pauta para lo que en Granada hay que hacer a partir de ahora. 

En España, la primera comunidad en contar con un gravamen de este tipo fue Cataluña. Lo implantó, además, en una época bastante compleja, en 2012, en plena crisis económica. Mariam Muro era entonces directora de Turismo en el gobierno de la Generalitat, presidido por Artur Mas. Desde aquellos años se la conoce como “la chica de la tasa”, pues, en gran medida, su entrada en vigor se debió al intenso trabajo desarrollado por esta especialista. “Fue muy duro”, reconoce Mariam, quien se pasó un año entero estudiando los modelos de tasas turísticas que existen en el mundo. Todo empezó a gestarse en 2008. 

A diferencia de Granada, la batuta la tomó la Generalitat a nivel autonómico, ya que los intentos realizados hasta ese momento por el Ayuntamiento de Barcelona habían caído en saco roto. Por tal motivo, en lugar de una tasa se estableció el Impuesto de Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET). Como ocurre en la capital granadina, el sector que se mostró más reacio al tributo fue el de los hoteleros. Las razones, también idénticas: el miedo a perder competitividad como destino y a convertir estos establecimientos en centros de recaudación. 

Para disipar la primera duda, Mariam Muro analizó la situación de las ciudades que contaban ya con la tasa. En ninguna había consecuencias negativas. Un año después de la entrada en vigor en Cataluña, la realidad era la misma: se seguía creciendo en número de viajeros. “Es una práctica totalmente implantada. El turista que se ha desplazado a distintos lugares del mundo está acostumbrado a ella”, refiere esta especialista, quien en su momento planteó una reflexión a la patronal hotelera que también se podría hacer en el caso granadino: “¿Nos interesa un visitante que por un euro deje de venir?”. 

Así se preparó la normativa en Cataluña

En cuanto a la segunda queja, Mariam reconoce que la principal manera de controlar el flujo de visitantes es a través de los alojamientos. Sin embargo, ahora se valoran otros indicadores, como los autobuses que, repletos de turistas, se acercan a las zonas monumentales. “La Plaza de Cataluña puede recibir 4.000 viajeros al día a través de estos transportes”, detalla esta profesional, que hace una distinción del turista que acude con su coche particular. “No hace el mismo desgaste del destino que un vehículo de 50 plazas”, añade. 

La tasa se extendió a los cruceros, “una aplicación que también fue polémica y compleja”. Sobre la mesa está que no se aplique el impuesto sólo a las pernoctaciones, sino a otras actividades turísticas, en las que se incluyen las visitas ‘express’ desde otros puntos de Andalucía y las embarcaciones que atracan en el Puerto de Motril. Junto a estos supuestos, están las excepciones, que en la capital serián para quienes se desplacen por motivos laborales o de salud.

El artículo 27 de la ley que regula el IEET catalán recoge las exenciones del tributo: las estancias subvencionadas por programas sociales de una administración pública de cualquier estado miembro de la Unión Europea, las efectuadas por visitantes de 16 años o menos, las que se originen por “causas de fuerza mayor” y estén determinadas por reglamento y las que estén motivadas por razones de salud. 

No se menciona en dicho apartado los turistas que acudan a un congreso, pese a que este supuesto puede ampararse a los motivos de trabajo. Debe tenerse en cuenta la importancia de este sector en una ciudad como Granada, debido al elevado nivel de ingresos que generan. En cuanto a los cruceros, en Cataluña se le cobra a los viajeros que en dichas embarcaciones hacen escala en cualquier puerto de la comunidad autónoma, a los que inician una ruta desde allí o a los que desembarcan en ellos como destino final del viaje. En Barcelona a los cruceros se les suma otra tasa por contaminación.

La Generalitat evitó “penalizar” a los turistas de larga estancia, especialmente los que pasaban las vacaciones en la costa, por lo que a partir de un determinado número de noches se deja de cobrar la tasa. Otro de los aspectos necesarios que puso de acuerdo a los agentes turísticos a la hora de apoyar el IEET fue la necesidad de que hubiera una total transparencia en la obtención de los ingresos y en la inversión, algo que demanda la Federación de Turismo granadina.

“La clave está en la gestión de los recursos”, incide Muro, que destaca que “las administraciones pueden aprobar muchas leyes, pero al final su eficacia reside en los mecanismos de control que se hagan de su aplicación. Es muy importante aclarar en qué se va a gastar ese dinero, que hay que blindarlo”, abunda. Se trata de un principio exigido por los agentes turísticos de Granada, que piden que lo recaudado se invierta para promocionar el destino y tratar de atraer a más visitantes. 

En este sentido, Mariam hace hincapié en que “no interesa que la Administración decida de forma unilateral en qué se va a gastar ese dinero”, motivo por el cual en Cataluña se creó un órgano –en el que se le dio cabida al sector privado– para plantear en qué proyectos se deben emplear los ingresos del impuesto turístico. Una de las propuestas que a esta profesional más interesante le parece en el momento actual es invertir esos recursos en la creación de productos turísticos en zonas no masificadas por los visitantes, con la intención de descongestionar las que ya lo están y que los beneficios de esta actividad no se concentren sólo en determinados enclaves. 

Esta especialista trabaja ahora en el Ayuntamiento de Barcelona. Reconoce que desde que se gestionó el IEET hasta la actualidad la realidad y los intereses del turismo han cambiado mucho. “Antes se prestaba mucha atención a las cifras. Cuantos más visitantes y pernoctaciones, mejor. Ahora las pretensiones son otras: queremos calidad y eso lo define, básicamente, el producto que una ciudad tiene”, asevera. Para Mariam, “Granada lo está haciendo muy bien. Está dando pasos para implantar la tasa turística, pues es una ciudad que cada vez está más valorada como destino de gran calidad. Es el momento de hacerlo”. 

Dinero recaudado y forma de cobro

También en la implantación del IEET catalán estuvo implicado el consultor Ángel Díaz, quien lleva años al frente de ALS, una empresa que comercializa recursos turísticos. Se encargó de diseñar este impuesto, que entre 2013 y 2020 generó 371 millones de euros en toda la región catalana. En el Ayuntamiento barcelonés, sólo en un ejercicio, ha dejado ocho millones, cantidad lejana a las cifras de Granada si nos fijamos en el número de pernoctaciones del 2021, 2,7 millones. “Es una importante cantidad de dinero que no hubiera entrado en las arcas públicas por otro medio”, explica el especialista, que abunda en que “con ese dinero, bien empleado, se pueden hacer muchas cosas”. 

Ha de tenerse en cuenta que la implantación del tributo catalán se produjo en un momento en que las administraciones habían recortado sus presupuestos para promoción turística por la crisis económica. Esa inversión tampoco podía salir del sector privado, por lo que el único medio que quedaba para lograr los recursos era mediante el cobro a los visitantes, cuyo número en ningún momento disminuyó, todo lo contrario. Tanto creció que años después la capital catalana fue uno de los primeros escenarios del fenómeno conocido como “turismofobia”, el rechazo a la concentración de viajeros en determinadas zonas, abandonadas por sus residentes ante la presión de hoteles y apartamentos turísticos. 

El cobro del IEET catalán varía según las zonas. Las tarifas se basan en la catalogación de los establecimientos, que incluyen desde campings hata hoteles de gran lujo. Si se pone la mirada en la Ciudad Condal, la más reducida es de un euro por pernoctación y persona en establecimientos como hostales, campings y hoteles de hasta tres estrellas. Dicha cantidad sube a 1,70 para los de cuatro estrellas y a 2,25 para viviendas de uso turísico. En los hoteles de cinco estrellas y gran lujo, los clientes pagan 3,50 euros cada noche en concepto de impuesto turístico. En los cruceros, las tarifas se establecen en función de las horas que permanecen en los puertos catalanes. Si es menos de 12, un euro por pasajero. Si supera este tiempo, tres. Estas tarifas han ido aumentando, especialmente las que se aplican a los apartamentos turísticos, cuya expansión ha sido palpable. 

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, decidió antes de la pandemia sumar una recarga municipal al IEET. Este suplemento es igual para todos los establecimientos, aunque, eso sí, aumentará conforme pasen los años. Lo ha aplicado este 2022, una vez superada la etapa más dura del Covid. Para el presente ejercicio la recarga es de 1,75 por noche y persona. Para 2024 llegará a los 3,25. Por tanto, un visitante que pernocte una vez en la capital catalana en el alojamiento más barato, ha de pagar ahora mismo, como mínimo, 2,75 euros. Dentro de dos años serán 4,25. En los casos más caros, en 2024, el tributo alcanzará los 6,75 euros por noche. 

¿Cómo se reparten los ingresos de este tributo? En todos los municipios el 70% de los beneficios va a parar a la Generalitat, mientras que el 30% se dirige a los ayuntamientos. En el caso de Barcelona se hace una excepción y el dinero se divide a parte iguales, un 50% para la administración autonómica y otro 50% para la local, que además recibe integramente lo que se paga por la recarga establecida este año. A este respecto, Ángel Díaz cita el ejemplo de Nueva York, donde se cobra un impuesto directamente sobre el precio de la habitación, del que un 15% se lo queda el ayuntamiento y un 7% el Estado. 

En cuanto al uso de esos ingresos, como se dijo antes, en un principio se destinaron a la promoción del destino, pero ahora se ha diversificado. “Se está empleando en el refuerzo de los autobuses turísticos, en la contratación de agentes cívicos que intervienen en las zonas más visitadas, así como en la recuperación de edificios monumentales, para que sean visitables”, detalla este consultor. Atendiendo a la problemática actual también se ha constituido una mesa que sirve de mediación entre los conflictos que puedan surgir entre turistas y vecinos. 

En el presente ejercicio, el Ayuntamiento barcelonés destinará 1,2 millones de los ingresos que genera esta fiscalidad a los proyectos de desarrollo turístico en los distritos, a los que aludía Mariam Muro. En el primer trimestre de 2022 visitaron la capital catalana 1,6 milones de turistas, con más de cinco millones de pernotaciones. Las cifras suponen incrementos del 33,6% y 26,4% respecto al mismo periodo de 2019 (el año anterior a la pandemia), lo que evidencia que, pese a que se aplique un impuesto, la demanda no se ve afectada.