"Una trama corrupta que estaría actuando como una verdadera organización criminal". Eso es lo que los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluyeron que existía en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y la razón de ser del caso Nazarí, la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital contra el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y 16 personas más, y que desde el pasado lunes ya no está secreta.

Granada Hoy tuvo ayer acceso al sumario completo del caso, un total de 13 tomos con miles de folios en los que se detallan las presuntas conductas con alcance penal que se imputan a los 17 investigados y las 12 empresas implicadas. Esas supuestas irregularidades constituirían delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad de documento mercantil, administración desleal y delito contra la ordenación del territorio.

Los delitos, apreciados de momento de forma indiciaria, se habrían cometido "desde 2001 hasta 2016" y emanan de un total de ocho expedientes con nombre propio: Mulhacén, San Jerónimo, Progreso, Obispo, Convenio T.1, Parkings, Registrador y Campus. En esos expedientes están las presuntas ilegalidades cometidas por la supuesta trama para beneficiar "a diferentes promotores", así como "directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada".

Esos promotores son José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén. Los tres, de hecho, se encuentran en la 'lista negra' del sumario, además del exregidor José Torres Hurtado y la que fuera su concejala de Urbanismo, Isabel Nieto. Junto a ellos, figuran la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes López Domech; el director técnico de Obras Municipales, Manuel Lorente Sánchez-Palencia; y la directora general de Urbanismo, María Paz Spínola. Asimismo, están otros altos cargos y técnicos del Consistorio, como el interventor municipal, el coordinador general del Área de Urbanismo, el director general de Licencias, el jefe de Servicio de Obras Privadas y el técnico superior urbanista de la Subdirección General de Planeamiento. También se incluye a un registrador de la propiedad, a la secretaria de la Junta de Compensación de San Jerónimo, así como a dos apoderados de José Julián Romero (su hija y el administrador de una empresa).

En cuanto a las empresas inmersas en el proceso judicial son Casería de San Jerónimo, J. Julián Romero Consulting S.L., Fontdeis S.L., Nazarí Asesoramientos, Taler Real Estate S.L., Campus Padel Club Granada S.L., Be Suites Granada S.L., Inversiones Legerén S.L., Constructora de Obras El Partal S.A.U., Cruz de Lagos Aparcamientos Concesionales S.L., Sierrapark S.L. y Cooperativa Obispo Hurtado.

Así lo reflejan un voluminoso informe clave, emitido el 16 de marzo por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que ha trabajado codo con codo con el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de Granada siguiendo las pautas de la instructora del caso y de la fiscal delegada de Urbanismo, Sara Muñoz-Cobo. También lo recoge la propia instructora en una resolución que dictó el 12 de abril, justo un día antes de que la Policía practicase las detenciones de 16 de los implicados.

Se trata de un auto en el que la magistrada concluye que de las investigaciones policiales está acreditado, "a priori", que existía esa trama, "al tratarse de un conjunto de personas, todos enmarcados en la estructura administrativa del Ayuntamiento, que estarían actuando de acuerdo a un plan establecido", que en este caso eran los criterios que se irían marcando respecto a los diferentes expedientes urbanísticos.

Sus actuaciones habrían afectado "al normal funcionamiento" de la administración desde la propia creación de la Gerencia, y prueba de ello, en opinión de la jueza, es que los expedientes "irregulares" analizados se remontarían incluso a períodos del año 2001, "en el que se iniciaron los trámites para concesiones de parkings públicos de forma irregular, abarcando expedientes que continúan todavía en el actualidad, como los del Pabellón Mulhacén o Campus de la Salud".

Tanto para la instructora como para la Policía el grupo tenía "una jerarquía férreamente establecida". Existía una "estructura de poder" que sería la que realmente manejaría los asuntos urbanísticos que supuestamente se apartaban de la estructura formal. En la "cúspide" sitúan a José Torres Hurtado, "quien estaría al tanto de todo lo acontecido en el Urbanismo de Granada". Sus dos "más estrechos colaboradores" eran Lorente y Nieto, según revelan los testimonios de algunos testigos. Lorente sería quien controlaría "de facto" el Urbanismo en la ciudad y, Nieto, la designada para dirigir la Concejalía.

En esa especie de pirámide que perfila el juzgado, ubica en la base a los diferentes funcionarios que presuntamente también participaron en la trama y que "actuarían al dictado de las órdenes de estas tres personas". Su papel sería "totalmente" necesario. Es más, según añade la resolución, se ha observado "cómo a lo largo del tiempo la trama criminal ha sido capaz de ir expulsando de sus puestos a los funcionarios que no aceptaran entrar por el aro, en el sentido de participar en las corrupciones propuestas, situando en esos puestos a personas de su confianza".

El sumario, que ocupa más de 15.000 folios y ayer fue entregado a las partes en los pen drive de gran capacidad que previamente habían depositado en el juzgado -hacían falta 21 gigas-, se estructura en tres grandes bloques. El primero lo comprende el proceso judicial en sí (denuncias, informes, autos, providencias, oficios policiales...). Son trece tomos que ocupan 7.347 folios, mientras que el segundo es toda la documentación aportada relativa a los expedientes bajo investigación. El tercero lo integran las declaraciones grabadas de todos los investigados y de los testigos, un total de 33 testimonios entre los que están el de Jacobo de la Rosa, que fue director general de Urbanismo, o el del exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García-Royo. También está la comparecencia del propio Ramón Arenas, el empresario que denunció los cambios urbanísticos que supuestamente propició el Ayuntamiento en favor de Roberto García Arrabal para la construcción del Pabellón Mulhacén del Zaidín, denuncia que fue el detonante de una de las dos querellas de la Fiscalía que encendieron la mecha del caso el pasado mes de enero.

En la causa hay, hasta la fecha, un total de cinco acusaciones. Aparte de la pública, que lleva a cabo la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, existen dos acusaciones particulares, que ejercen Ramón Arenas y Fernando F.N., las dos personas que destaparon ante el Ministerio Fiscal las supuestas irregularidades relacionadas con el Pabellón Mulhacén y Casería de San Jerónimo, donde J.J. levantó el residencial Ciudad de la Luz. Asimismo, hay dos acusaciones populares: los grupos municipales del PSOE y de Vamos Granada.

Aunque será la Fiscalía en su momento -en la fase de conclusiones provisionales- la que determine qué ilícitos atribuye a cada uno, la Policía hizo un reparto de delitos a la hora de programar las detenciones. Así, al exalcalde y al resto de investigados vinculados al Ayuntamiento se les detuvo concretamente por seis (asociación ilícita, prevaricación, cohecho, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación), mientras que a los promotores García Arrabal y Legerén se les arrestó por los mismos salvo por prevaricación. A la hija de José Julián y a la secretaria de la Junta de Compensación Casería de San Jerónimo se les atribuyó posible falsedad en documento mercantil y estafa, mientras que a José Julián Romero y a su apoderado se les detuvo por nueve de los diez delitos que se investigan. Las detenciones se practicaron el 13 de abril, y el mismo día se registraron, entre otros lugares, sus domicilios, la Alcaldía y la Secretaría General, los Mondragones y las sedes de las empresas de los promotores. En total fueron 18 registros.

Las investigaciones que se han llevado a cabo durante estos nueve meses se han centrado en el patrimonio y economía de los implicados, siendo una de las decisiones adoptadas por la instructora analizar los movimientos bancarios de la mayoría de ellos desde "el 1 de enero de 2006", así como prohibir la enajenación de sus bienes a través de requerimientos a distintos Registros de la Propiedad.

Asimismo, la jueza dispuso que se analizaran cuentas de correo electrónico en busca de más pruebas que sustenten toda las conclusiones de la Policía. Incluso ha llegado a pedir a las autoridades de Estados Unidos "la preservación del contenido" de una de ellas, abierta en Hotmail y perteneciente a Nieto. A través de esta cuenta, presuntamente, la exedil habría mandado correos a García Arrabal "fuera de los canales oficiales en la Concejalía", intercambiando "información" y llegando a "acuerdos" sobre algunos de los expedientes objeto de la causa, como Mulhacén, Progreso o Campus de la Salud, según plasma otro auto fechado el 15 de junio.

El juzgado permanece a la espera de un informe policial sobre todo lo hallado en los registros y de un informe pericial encargado a la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta de Andalucía en Sevilla. Dicho informe deberá determinar, "desde un punto de vista técnico y jurídico", la legalidad de las ocho actuaciones urbanísticas bajo sospecha. Tanto Torres Hurtado como el resto de implicados han negado la existencia o pertenencia a ningún tipo de trama.

Fuentes del caso precisaron que la UDEF, auxiliada de peritos, sigue la investigación y, probablemente, la que viene será la parte más trascendente del sumario.