Las 248 jubilaciones voluntarias de profesores de la Universidad de Granada (UGR) que se acogieron al plan de incentivos puesto en marcha por esta institución entre 2006 y 2012 vuelven a estar en la picota. El Tribunal de Cuentas, ha vuelto a asegurar en su último informe que estos complementos económicos carecen de "cobertura legal".

Después de Sevilla, la UGR es la universidad andaluza y una de las españolas que más jubilaciones incentivadas ha llevado a cabo en los últimos años, lo que supone un coste que puede rondar los 7 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ya advirtió hace unos años de la posible ilegalidad de estos complementos económicos que las universidades pagan a los que optan por jubilarse antes de llegar a la edad de 70 años para que perciban los mismos ingresos que si hubieran seguido trabajando hasta que cumplen la edad legal de retiro laboral.

El organismo fiscalizador llegó incluso a informar a la UGR en 2012 de la apertura de diligencias a instancia de la Fiscalía por posibles responsabilidades contables de los responsables de la Universidad por la existencia de esas jubilaciones anticipadas. La institución académica suspendió entonces de forma cautelar ese plan de incentivos. Al año siguiente, en 2013, el propio Tribunal de Cuentas informó del archivo de las actuaciones y la no procedencia del reintegro de los incentivos. Entonces la UGR levantó la suspensión de su plan de jubilaciones, pero sólo para resolver las peticiones de 2012, pues a partir de 2013 lo dejó sin efecto, dado que las restricciones estatales de tasas de reposición impedían sustituir a la mayoría de los profesores que dejaban de trabajar en la Universidad.

Sin embargo ahora, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a poner en la picota a las universidades que, como la de Granada, han pagado y siguen abonando incentivos a los que optaron por jubilaciones voluntarias entre 2006 y 2012. Este órgano sostiene en su último Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas que en general "no hay una norma legal que habilite a las universidades públicas para disponer en esta materia de jubilación voluntaria anticipada distinta al marco general establecido", de modo que en sus conclusiones asegura que "no existe amparo legal para el abono de estos incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con la Universidad".

En especial cuestiona las jubilaciones incentivadas de 2012, año en que el Tribunal de Cuentas llamó la atención sobre esta posible ilegalidad y las universidades paralizaron la convocatoria de estos incentivos. Pero llama la atención sobre aquellas que llegaron a cubrir la convocatoria de 2012, como es el caso de Granada.

El órgano fiscalizador recuerda que en 2012 se dictó el Real Decreto (13 de julio) de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria que impedía el pago de "pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica" a quienes cesen en sus puestos, pues son "incompatibles con la percepción de la pensión de jubilación o retiro". Esta norma también declara "sin efecto los acuerdos, pactos y convenios para el personal de sector público (...) que contengan cláusulas que se opongan a lo dispuesto" anteriormente.

Por tanto, el Tribunal de Cuentas considera en su informe del 29 de enero pasado que "desde la entrada en vigor el 15 de julio de 2912 (del Real Decreto) devinieron inaplicables los acuerdos adoptados por la universidad en esta materia".

En el caso de la UGR se da la circunstancia de que es precisamente en 2012 cuando se produce el mayor pico de jubilaciones incentivadas desde que se puso en marcha el plan. Si los primeros años comenzó con cifras que no pasaban de las 20 peticiones, en 2012 se llegó a 84 solicitudes iniciales que finalmente se sustanciaron en 63 retiros voluntarios con sus correspondientes complementos económicos.

Desde que se quitaron estos incentivos (a partir de 2013) las peticiones han caído drásticamente. El año pasado solo se produjeron 14 bajas voluntarias en la UGR.