UGT acusa a la Universidad de hacer un uso restrictivo de la ley para no contratar

Los sindicatos de enseñanza vuelven a la carga contra la Universidad de Granada. FETE-UGT convocó ayer una asamblea con sus trabajadores, entre profesorado, investigadores y personal de administración y servicios, para informarles del "silencio" en el que se refugia la Gerencia de la UGR para no dar cuentas de la sustitución de bajas y la renovación de contratos que está realizando.

"La Universidad de Granada es una isla en Andalucía", reiteró Antonio Oña, el secretario general de UGT en la UGR, al comparar la gestión de la institución superior granadina con la de sus homólogas andaluzas. Según el sindicato, la UGR es la universidad que está aplicando en España de manera más restrictiva el decreto gubernamental 20/2011. "Y corre el riesgo de contagiar a las demás", añadió el portavoz sindical nacional Carlos López, quien afirmó que en la Universidad de Huelva ya se están lanzando advertencias de que también se va a paralizar la contratación.

"Los trabajadores de las universidades son empleados públicos y ya sufrieron el recorte del 5% de sus salarios hace un año, luego se les congeló el sueldo, se han anulado las convocatorias de oferta de empleo y, con el decreto de Rajoy, ahora se anulan las renovaciones y las sustituciones", dijo López en rueda de prensa ayer.

Desde FETE-UGT se insiste en que la UGR ha generado un problema artificial al atribuir a la nueva normativa directrices que, en realidad, no contempla. "Los presupuestos que aprobó la Universidad de Granada en diciembre de 2011 siguen siendo válidos, el decreto no prohibe nada de lo que se contemplaba", insisten. "Además, la UGR no tiene déficit y la cobertura de bajas y renovación de contrataciones no son contratos nuevos", añaden.

El sindicato de enseñanza acusa a la Gerencia de la UGR de "falta de información" y de "paralización de contratos desde las navidades". FETE-UGT estima que el 45% del personal docente e investigador (PDI) y el 30% del personal de administración y servicios (PAS) es laboral y, por tanto, está afectado por la política restrictiva de la UGR.

Antonio Oña exigió ayer a la UGR que volviera a la mesa de negociación colectiva para rendir cuentas de las contrataciones y tratar de llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. "Vamos a iniciar movilizaciones de nuevo y a frenar las iniciativas de los equipos de Gobierno que hagan una lectura restrictiva de la normativa, como está haciendo la UGR", advirtió Carlos López.

Por su parte, el rector en funciones de la UGR, Luis Jiménez del Barco, aseguró ayer que "no es cierto que los puestos del PDI ni del PAS estén en peligro". El vicerrector desmintió las acusaciones de los sindicatos y dijo que, "a día de hoy, ni se ha suspendido la contratación ni se ha realizado ningún despido en la Universidad".

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