Ayuntamiento de Granada

UP Granada pide al equipo de gobierno que desarrolle el Plan de Vivienda aprobado en el pleno de septiembre

  • Solicitan que se cambie la calificación de las más de 40 viviendas municipales y sean de alquiler público

UP Granada pide al equipo de gobierno que desarrolle el Plan de Vivienda aprobado en el pleno de septiembre

UP Granada pide al equipo de gobierno que desarrolle el Plan de Vivienda aprobado en el pleno de septiembre / R. C. (Granada)

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes reclama al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada que atienda la moción presentada por su formación y aprobada en el pasado pleno del mes de septiembre para que se ponga en marcha un Plan de Vivienda Municipal y que acabe con la política de vender vivienda pública y se reenganche al futuro que impera ahora en Europa.

La concejala de la formación Elisa Cabrerizo defiende que “Granada necesita cambiar su filosofía en cuanto a vivienda. Este Ayuntamiento posee más de 40 pisos, muchos de ellos no sólo están vacíos, sino que se están deteriorando por días”. Desde UP, reclaman, por tanto, que se modifique la calificación de los pisos de propiedad municipal para que dejen de venderse y se destinen a alquiler público, todo ello a través del inicio de un expediente desde Urbanismo que lo solicite a la Junta de Andalucía.

UP recuerda al PSOE que se debe gobernar para que mejore la vida de las familias con rentas bajas y jóvenes que no pueden acceder a un alquiler en la ciudad. “Existe gente que necesita alquileres públicos y el Ayuntamiento posee inmuebles, es una cuestión no sólo de urgencia, sino de lógica”, agrega la concejala. Se trata, a fin de cuentas, de propiciar que los granadinos, sobre todo jóvenes, vivan en Granada y no sean gente de paso de su propia ciudad. “Evitaremos coches, contaminación y turistificación, todo por desgracia en alza”, finaliza.

“Desde los años 80 no existe de verdad una política municipal de vivienda pública. En Granada, el PP comenzó a vender el parque público de Emuvyssa y, ahora, el PSOE continúa en ese camino. No se puede permitir que lo poco que queda de parque público se pierda, por lo que pedimos, además, que esas viviendas no se descalifiquen nunca y pasen a ser privadas. El Ayuntamiento debe trazar un plan a largo plazo y cambiar el paradigma”, continúa Cabrerizo.

La concejala informa que, según la legislación, el 30% de la vivienda nueva debe ser pública, “qué menos que consigamos un 20% en los próximos años”. Para ello, prosigue, “hay varias posibilidades que tienen que ir de la mano: que exista esa vivienda pública en todas las construcciones privadas, ceder suelo municipal para la edificación de vivienda pública y que sea para alquiler público, no compra. Por último, asegurar en el presupuesto que viene ayudas al alquiler que estabilicen viviendas y cambiar el paradigma con la creación de un plan de vivienda”.

El concejal de la coalición Paco Puentedura, por su parte, reprocha que “la falta de implicación de este Ayuntamiento está permitiendo que un derecho básico como la vivienda se convierta cada vez más en un objeto de especulación”. El concejal mantiene que, además, en un municipio como Granada que cuenta con patrimonio de suelo suficiente para cubrir toda la necesidad en esta materia y en especial, respecto al parque público. “En primer lugar tiene que haber un cambio de chip dentro de la concejalía de Urbanismo, ya que hay más de 40 pisos de titularidad municipal que están vacías desde hace más de 15 años, en deterioro continuo y que genera un coste al Consistorio perpetuo, porque no se consiguen vender”.

Puentedura finaliza diciendo que también debe haber un cambio de filosofía en cuanto a la enajenación de patrimonio municipal de suelo destinado a la vivienda protegida, y pone como ejemplo “la venta realizada hace unos días de una parcela en la Chana por cerca de 2,9 millones de euros”. El concejal lamenta que este tipo de actuaciones “no fomentan la vivienda pública ya que el metro cuadrado de esa vivienda protegida tiene un valor medio de 1.800 euros, es decir, cualquiera de estas viviendas tendrá un precio de 150.000 euros, lo cual implica que las familias con necesidad podrán tener acceso a ellas”. “La venta de esta parcela debe estar destinada a proyectos que fomenten el alquiler público”, sentencia.

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