Más de 400 millones de presupuesto, una comunidad de 60.000 miembros y un impacto de más de seis puntos en el PIB de la provincia colocan a la Universidad de Granada como uno de los elementos clave en la configuración del entorno. Estas cifras, mayúsculas, son además de titularidad pública, por lo que están sometidas al control de la Administración y a la supervisión constante por parte de terceros. La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha hecho pública la fiscalización del cumplimiento de determinadas áreas de la Universidad –con datos de 2018– y el resultado es de aprobado, aunque apunta a una serie de recomendaciones a la UGR que, según se apunta desde la institución, ya se aplican o están en vía de desarrollarse.

El informe indica que “las actividades relativas al presupuesto y sus modificaciones, a la formulación y rendición de las cuentas anuales, a la estabilidad presupuestaria, a la contratación administrativa, a la gestión de los recursos humanos, a las subvenciones concedidas y otras transferencias realizadas correspondientes al ejercicio 2018, resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa de aplicación”, con lo que se establece que la UGR pasa el examen. Sí se determinan una serie de aspectos en los que, con los datos de hace tres años, se hacen recomendaciones que la UGR asume en el capítulo de alegaciones. Fuentes de la Universidad señalan que “muchas de las recomendaciones” ya han sido implementadas.

Sobre los puntos analizados, el documento detalla que se han detectado “incumplimientos puntuales” sobre “indicios de posible fraccionamiento indebido” de contratos. En el apartado de otros aspectos que “no afectan” a la opinión del cumplimiento se indica que la Oficina de Control Interno “carece de medios humanos adecuados y suficiente”, y determina un “sesgo negativo en la proporción de mujeres” docentes e investigadoras funcionarias, “en especial en el cuerpo de catedráticos”, una situación que no es nueva y sobre la que se trabaja desde hace años. Otro aspecto que se apunta es la falta de “controles de asistencia ni presencia” para docentes e investigadores funcionarios o contratados laborales, “al no serles de aplicación los controles implantados” para el personal de administración y servicios (PAS). En este aspecto, se reseña el refuerzo de medios humanos en la Inspección de Servicios.

La Cámara de Cuentas de Andalucía lanza unas recomendaciones “para la mejora de la gestión de los fondos públicos” de las que se hará seguimiento “en los informes anuales de rendición de cuentas, o, en su defecto, mediante una actuación específica de seguimiento de conclusiones y recomendaciones”. Así, se promueve desde el órgano fiscalizador contar con normativa que regule el control interno, evitar la "dispersión" de información y contar con todos los datos requeridos por la norma en el portal de transparencia o elaborar unas instrucciones del procedimiento que se sigue para preparar el anteproyecto de presupuesto.

Precisamente la UGR detalla que las cuentas han incorporado en los últimos años los aspectos requeridos por la Cámara. El ente también insta a elaborar un Plan estratégico, tarea que ya ha abordado la institución. Cabe recordar que la Cámara de Cuentas realiza un examen de lo realizado en 2018, hace ya tres años, y en este periodo se ha debatido y aplicado los aspectos que aparecen en la fiscalización.

Otra de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas requiere desarrollar un sistema de control de costes o contabilidad analítica, que permita comparar, tratar y facilitar el análisis de los datos económicos.En cuanto a las contrataciones, se insta a aplicar mecanismos de control y seguimiento de los contratos en fase de ejecución, así como valorar las necesidades que se han de cubrir con esos contratos. Sobre la presencia de la mujer en la institución, se recomienda “remover obstáculos o fomentar la carrera administrativa” de las docentes e investigadoras “a fin de corregir el sesgo de género observado”, tarea en la que desde hace años trabaja la institución académica.

También se requiere desde la Cámara por diseñar controles de asistencia del profesorado “de forma análoga a los establecidos para el PAS” –cuestión que la UGR aclara que se aborda desde la Inspección–, mientras que en el terreno de las subvenciones señala la necesidad de aprobar un plan estratégico que incluya “objetivos y efectos”, plazos, costes y fuentes de financiación. Asimismo, se indica la necesidad de una “mayor diligencia en la tramitación de las becas y otras subvenciones propias concedidas”.