El estado de alarma decretado para frenar la pandemia de coronavirus supuso dar la vuelta como a un calcetín a la rutina docente de todas las etapas educativas. El estupor fue mayúsculo aquel 13 de marzo de 2020, cuando se suspendió la docencia presencial desde Infantil a la Universidad. Todos a casa en un principio para quince días. Pero aquello se alargó. Las clases se virtualizaron y colegios, institutos, escuelas y facultades tuvieron que adaptarse a una inédita rutina online. 

El esfuerzo fue mayúsculo. En numerosas ocasiones la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha destacado que se pasó de una Universidad que durante casi cinco siglos había sido presencial a una universidad con capacidad de dar clase a distancia. Se pusieron los medios y tanto el personal de administración y servicios como el profesorado y el estudiantado se adaptaron a aquella realidad distópica. Sin embargo, aquello creó disfunciones, que fueron criticadas en su momento por parte de los universitarios.

Tras recoger las denuncias y analizar los hechos, la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada abrió expediente a dos docentes por no dar clase online durante la pandemia. La docencia virtual se extendió desde el 13 de marzo de 2020 a abril de 2021. Las clases en septiembre de 2020 comenzaron bajo un formato semipresencial, pero en octubre -cuando comenzó a despuntar la segunda ola- se modificó el modelo de docencia y se pasó de nuevo a la virtualidad en el caso de las clases teóricas. Cabe destacar que dentro de la comunidad universitaria son más de 3.600 los docentes.

A estos dos expedientes abiertos se une la sanción a 148 estudiantes de las facultades de Derecho y Relaciones Laborales que han sido castigados con entre uno y cuatro meses de expulsión por copiar en exámenes que se hicieron en formato online. En ese periodo de sanción, los 148 (un dato mínimo si se tiene en cuenta que son 45.000 los estudiantes de grado de la UGR) dejan de ser universitarios. Algunos ya han cumplido el castigo y en otros casos todavía está en vigor la suspensión. El descubrimiento de estos casos de fraude se dio en varias asignaturas. 

En febrero de 2021 se confirmó por parte de la rectora que la Inspección de Servicios de la Universidad de Granada investigaba dos denuncias por copiar durante los exámenes ordinarios del primer cuatrimestre del curso 202/2021. Se trataba entonces de dos presuntos casos "colectivos" que se habían detectado en sendas pruebas realizadas online. 

Tras conocerse estas denuncias, que se unían a la que se comunicó en el curso 2019/2020 (cuando estalló la pandemia) y que afectó, al menos, a la asignatura de Derecho Administrativo, desde la Universidad de Granada se expresó de forma contundente por boca de su rectora que "copiar es delito" y que el trabajo realizado desde la Inspección de Servicios permite, de forma rigurosa, analizar los hechos y determinar si ha habido efectivamente fraude.

Uno de los elementos más espinosos durante la pandemia fue la realización de las pruebas de evaluación. Ante la imposibilidad de hacerlas de forma presencial, desde el estudiantado la oposición al uso de cámaras y otros sistemas de vigilancia fue notorio. De hecho, la UGR, de cara a las evaluaciones del primer semestre del 2020/2021 prohibió el uso de doble cámara (para el control de los estudiantes por parte del profesorado durante los exámenes) y permitió que en algunos casos fuera posible hacer las pruebas de forma presencial. En febrero de aquel 2021, el 20% de los exámenes se hicieron en el aula y el 80% restante fueron online, según los datos facilitados en su momento por la Universidad de Granada.