La Universidad de Granada (UGR) ha hecho público que "evaluará si procede" abrir expediente sancionador al profesor condenado a dos años de cárcel por espiar a una alumna con la intención de iniciar una relación sentimental.

Según informó el Rectorado, una vez finalizada la vía judicial y emitida una sentencia, la Universidad "llevará a cabo, por supuesto, la investigación correspondiente" y evaluará la posibilidad de abrir expediente sancionador a este docente, condenado, además de a dos años de cárcel, a una multa económica y a no poder intervenir en ninguna tesis durante dos años, según informó Efe. El proceso que ahora se inicia es, según el Rectorado, el que rige para "cualquier miembro de la comunidad universitaria".

Será la Inspección de Servicios el órgano que determine la posibilidad de iniciar otro proceso que podría terminar en una sanción dentro de la propia Universidad. El hecho de que el proceso se judicialice obliga a la Inspección a paralizar su trabajo en relación al caso. Una vez agotada la vía judicial, el caso vuelve a las manos de la Universidad, que deberá nombrar un instructor que dirija las pesquisas y eleve a la rectora, Pilar Aranda, un informe sobre las conclusiones. La tarea de la inspección puede desembocar en una resolución de la rectora que imponga una nueva sanción al docente.

En el caso de este docente, éste fue acusado de acceder a información del ordenador de una alumna, con intención de iniciar una relación sentimental con ella, de la que era director de tesis. Hoy ha aceptado dos años de cárcel como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, informa Efe.

El acuerdo de las partes ha sido posible después de que la Fiscalía haya rebajado su petición inicial de dos años y diez meses de prisión para el docente y haya retirado los cargos por el artículo 198 del Código Penal, que castiga el descubrimiento y la revelación de secretos en el caso de un funcionario público.

El profesor, que se ha mostrado ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Granada de acuerdo con esta conformidad, ha aceptado -además de los dos años de prisión- una multa de 2.160 euros y quedará inhabilitado para participar y dirigir tesis doctorales durante un período también de dos años.