Cuando el decano de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, Enrique Quero, pidió “un poquitín de respeto”, a la sesión del claustro celebrada ayer en Ciencias apenas le quedaban minutos. Atrás quedaron desde el “qué poca vergüenza” lanzado durante una de las intervenciones de la gerente, María del Mar Holgado, a una petición de dimisión hecha a la rectora, Pilar Aranda. La convocatoria de claustro, extraordinario y el primero presencial desde diciembre de 2019, fue solicitada por 42 claustrales y tenía como objeto debatir la decisión tomada por el equipo de gobierno de modificar el servicio de limpieza. No se llamará a más personal de la bolsa. A partir de ahora, se recurrirá a empresas externas. Ese era el punto, pero en el debate se vio por dónde le aprietan las costuras a la Universidad de Granada, dónde están las carencias, qué universidad se puede construir con infrafinanciación. Asistieron 154 personas, trece de ellas no claustrales.

Se apuntaron problemas de calado, como la “situación que no quiero ni calificar” –en palabras de Holgado– del personal contratado por el Capítulo VI, las broncas con la Junta –, los dos millones de euros que costará el pago de quinquenios y sexenios a asociados y ayudantes doctor, los siete millones que faltan para cubrir los gastos de personal, los “enfrentamientos reiterados con el Gobierno de la Junta”, según Aranda, a cuenta de la financiación – “Con este consejero [Juan Bravo] al menos puedo hablar una hora, hora y media, dos horas”– y la acuciante necesidad de personal de algunas facultades y escuelas. Varios decanos intervinieron, entre ellos  Quero: “Teníamos un congreso híbrido. No teníamos personal cualificado... ni encontrábamos una empresa que pudiera hacerlo. Imagínate el papelón. ¿Cómo se abordó? El PDI [personal docente e investigador] aprendió a hacer el trabajo y parcialmente se contó con una empresa privada. El técnico llegó después”. El profesor Francisco Contreras aseguró que en su departamento -Prehistoria y Arqueología- hay quince becarios FPU [becas de Formación de Profesorado Universitario] “que no tienen ninguna perspectiva” en la UGR.

Imagen de la sesión de claustro extraordinario.

Fueron las intervenciones en el turno de palabra las que enriquecieron el encuentro, que más que un debate fue un toma y daca entre gobierno y sindicatos, por momentos bronco. La rectora, junto a la gerente, defendió que “tenemos nuevas necesidades”. Así, se anunció que se abrirán las bibliotecas los fines de semana, para lo que es necesario más personal. Y esas necesidades conlleva, según espetó, tomar decisiones. Se ha optado por no tirar más de la bolsa de limpiadoras, pero se recurrirá y trabajarán aquellas personas a las que ya se ha llamado para cubrir un puesto. La última de la bolsa fue la 503. A partir de ahora, se contará con una empresa concesionaria.

“En el periodo 2016 a 221 hemos sacado 2.000 plazas de empleo público. Jamás, jamás, se habían convocado tantas plazas”, lanzó Aranda, que una y otra vez inquirió “¿qué prefieren, una plaza de técnico informático o una plaza de técnico de limpieza? Todo es imposible”. 

Protesta a las puertas del Aula Magna, antes del comienzo del claustro.

El aumento de plazas ha conllevado, indicó la rectora, un aumento del presupuesto dedicado al personal: 70 millones más. A todo esto, con la Junta se llega a un “callejón sin salida”. “Somos la peor financiada”, repitió la rectora. El motivo, el descenso de alumnado durante la crisis –el cambio en los planes de estudio, que hizo que algunas licenciaturas de cinco años se quedaran en grados de cuatro, y las estrecheces hicieron que menos familias decidieran enviar a sus hijos a otra provincia, a Granada, a estudiar– y un modelo de reparto de fondos que primaba, precisamente, el número de estudiantes, según Aranda.

Así, la UGR tiene un 90% de suficiencia financiera, es decir, le llega dinero para afrontar el 90% de los gastos. El resto se obtiene de proyectos de investigación. Otro problema es la cota de personal –el límite de dinero que llega para pagar las nóminas–, “mínima” según la rectora. “Habíamos solicitado 346 millones” a la Junta, que ha dado 339. Faltan 7 millones. “Y con estos mimbres hay que hacer el cesto”.

Los sindicatos, a su vez, reclamaron diálogo y negociación, echaron en cara que se tome esta decisión con el personal del eslabón más débil –la limpieza, colectivo además muy feminizado– y recordaron que en las empresas privadas las condiciones laborales son peores. “¿Dónde quedó la Universidad de las personas?”, inquirió Juan Valderrama (CCOO). Holgado reiteró que la UGR es la única Universidad con servicio de limpieza y que el 62% de los puestos ya está en manos de la empresa privada. Quedan 177 plazas públicas que, según Aranda, “no van a la calle”, aunque “llegará el momento en el que en la relación de puestos de trabajo (RPT) no haya limpieza”.

Holgado aseguró que “efectivamente” está en juego el modelo de Universidad, cuestión que habían planteado los promotores de la convocatoria del claustro extraordinario en el comunicado leído inicialmente. La gerente esgrimió la necesidad de determinar “dónde invertimos los recursos, ¿dónde vamos a contratar? Nuestra obligación legal es la docencia y la investigación”.

Antonio Frutos, de Ustea, lanzó que “quizá podríamos reducir cargos de libre designación” e instó a “dimitir” a la rectora y su equipo “y se coloque al frente alguien más imaginativo”. Aranda respondió que finalizará el mandato.

Francisco Muelas (CCOO) –que propuso bajarse el sueldo– criticó que los cargos políticos cuestan 3,4 millones, y la limpieza 4,6, a lo que la rectora contestó que los liberados sindicales también estaban en esa bolsa de cargos políticos. También se recordó el intento de cambio de gestión de los comedores, la “joya de la corona”, según la rectora, que insistió en que “ahí están, lo mismo que mantenimiento”, pese a que los comedores cuestan “cinco millones”.