La presentación de la memoria de gestión de la Universidad de Granada (UGR) estuvo marcada por el análisis de la incidencia de la pandemia en la vida universitaria. El documento, que resume las actuaciones realizadas y plantea las iniciativas a acometer en el próximo 2021, fue desglosado por la rectora, Pilar Aranda, en sesión de claustro universitario, que aprobó el texto con 171 votos a favor, 35 en contra y 3 abstenciones.

Además de destacar el alcance del Covid-19 en la Universidad, la rectora planteó la posibilidad de que en el mes de enero, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, se reabran los servicios de salas de estudio el 10 de enero y de comedores. En el primer caso, Aranda avanzó que se contaría con un nuevo espacio para estudio, en el V Centenario de la Avenida de Madrid. La reapertura de los comedores (ahora únicamente sirven menús para llevar a becarios) se prevé posible si la evolución de la pandemia lo permite. Desde el pasado 15 de octubre la UGR mantiene la docencia en modo virtual, aunque sí son presenciales las prácticas y los exámenes. Sobre esta cuestión se preguntó tras las exposición de la memoria. El recientemente reelegido coordinador de la Delegación General de Estudiantes (DGE), Javier Torres, expuso la necesidad de, en su opinión, regular las evaluaciones y la docencia online. En respuesta, la rectora indicó que esa regulación es "compleja" y que no se tiene regulado la docencia ni cómo deben ser los exámenes presenciales. Por otro lado, contestó que se tiende a la evaluación continua y que este modelo de evaluación tiene un "número elevado", por encima de la evaluación única final, "que ha disminuido muchísimo", según Aranda.

El escenario de docencia virtual fue un trago que la UGR afrontó el pasado mes de marzo tras la declaración del estado de alarma el día 14 de ese mes. Aranda pidió disculpas hasta en tres ocasiones por los errores cometidos -"La máxima responsable he sido yo"- al tiempo que destacó el esfuerzo realizado en estos meses. También reconoció que en algunos casos -"escasísimos"- la Inspección de Servicios ha entrado a investigar si ha habido alguna irregularidad por parte de profesorado tras el paso a la clases virtuales. "Salvo algunos casos, que están en la Inspección de Servicios y se analizan" con el fin de decidir si se abre o no expediente disciplinario, "se ha podido cumplir" con lo que establecían las guías docentes para el pasado curso.

Aranda también subrayó el esfuerzo realizado para que ningún estudiante abandone los estudios por causas económicas con medidas como el refuerzo del servicio de Atención Psicopedagógica, el préstamo de equipos y de conexiones o los refuerzos a los planes propios de becas. En la memoria se indica que se tramitaron 1.322 ayudas de carácter social en el curso 2019/2020, mientras que el año académico anterior fueron 615. También se tomaron medidas urgentes, como el traslado de los estudiantes que compartían piso con personas mayores dentro del Programa de Alojamiento Alternativo a la residencia Carlos V.

Sobre la demanda expresada desde el sector estudiantil por Javier Torres de regular el proctoring o videovigilancia en los exámenes, se indicó por parte de la rectora que se sigue la normativa nacional e internacional. También se planteó por parte de los estudiantes cómo se van a realizar las pruebas a partir de enero, presencialmente, con las mismas aulas y el mismo periodo de exámenes que en años anteriores, pero con los requisitos sanitarios que se plantean. Ante esta cuestión Aranda insistió en que "la seguridad prevalecerá".

En cuanto al resto de aspectos tratados en la presentación de la memoria de gestión, la rectora indicó que la medida de edad del profesorado ha bajado sensiblemente en los últimos años. De un promedio de 56 años en 2015, se está ahora en 52 años. Anunció para este 2021 la convocatoria de 120 plazas de ayudante doctor nuevas mientras que se prevén 82 jubilaciones. 

Se abordó de cara al próximo año crear un Centro de Investigación en Materiales y Energía, que correría paralelo al desarrollo del proyecto del acelerador de partículas que podría construirse en Escúzar. Este proyecto es visto, indicó Aranda, con buenos ojos por parte de Hacienda y Universidades y permitiría trabajar en nuevas líneas de investigación relacionadas con el IFMIF Dones. La rectora anunció que próximamente se firmará el protocolo que permitirá avanzar al consorcio ya aprobado por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Junta. Ahora se está a la espera de una reunión con la Junta para comenzar a trabajar sobre el terreno, en la parcela de Escúzar donde se proyecta esta iniciativa a la que Aranda ligó "empleo de calidad".

En el área de investigación también se indicó que se avanza en crear un Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y 5G en el PTS y, en la línea de captar fondos de las convocatorias de unidades de excelencia, impulsar la creación de institutos andaluces interuniversitarios. La consecución de una unidad María de Maeztu es uno de los retos planteados desde el Vicerrectorado de Investigación que todavía no se han conseguido. También se pretende incrementar las peticiones dentro del programa European Research Council (ERC), que en los últimos años ha sido esquivo con la UGR.

La rectora hizo hincapié en la realización del centro Lifewatch en la UGR sobre biodiversidad y ecosistemas sostenibles, que contará con una dotación de seis millones de euros para trabajar en Sierra Nevada cuestiones relacionadas con el cambio climático. 

Para desarrollar estos proyectos y nuevas iniciativas la UGR contará con una Unidad de Petición y Gestión de Grandes Proyectos.