La Universidad de Granada suspende el pago del premio de jubilación al personal funcionario tras varias sentencias sobre este complemento y un informe realizado por una catedrática de Derecho Administrativo que señala que este premio es "ilegal". Fuentes de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la Universidad de Granada señalaron que la institución "está abierta a buscar fórmulas futuras de reconocimiento de retribuciones a los funcionarios pero dentro del marco reglamentario que pudiera fijar la Junta en el futuro".

La suspensión del abono se ha dado a conocer a través de una resolución con fecha del 16 de octubre del rector, Pedro Mercado, y publicada en la web del Servicio de Personal de Administración y Servicios. Se señala en este documento que el pago de este premio comenzó en 2004 para abonar a todos los empleados universitarios con al menos quince años de antigüedad que se jubilaran. En el año 2022 el abono de esta compensación fue de 9.100 euros. En la Universidad de Granada hay, según los datos de la última memoria académica, 3.799 docentes e investigadores más 2.582 trabajadores de administración y servicios. Cada año la Universidad entrega sus Menciones de Jubilación al personal  y cada facultad, en la festividad de su patrón, también homenajea a quienes finalizan su etapa laboral por llegar a la edad de jubilación.

En cuanto al abono de los premios, la resolución recuerda que el Supremo anuló este pago. En 2023 el TS se pronuncia "expresamente" sobre la cuestión referida a una universidad pública, la Politécnica de Cataluña. Entonces la Sala clarificó que "no caben premios, gratificaciones o compensaciones por jubilación debido a su naturaleza retributiva". 

Con estos antecedentes, la UGR encargó un dictamen externo a una catedrática, que debía pronunciarse sobre la viabilidad de estos abonos. El dictamen fue emitido el 28 de septiembre y, en síntesis, señala que "la Universidad debería dejar de pagar estos conceptos retributivos de forma inmediata para evitar la comisión de presuntas ilegalidades que podrían traducirse después en un supuesto de responsabilidad contable del funcionario o del responsable de ordenar el pago". Además, indica que "este premio de jubilación es ilegal", dato que considera "suficiente para que la Universidad deje de abonarlo de forma automática".

Con este dictamen, se resuelve como medida provisional que no se tramite el abono de los premios de jubilación de personal que quedaban pendientes desde julio de 2023. Desde la Universidad de Granada se señala que "la sentencia del Tribunal Supremo declara claramente que los premios de jubilación al personal funcionario (PDI y PTGAS) son contrarios a la ley y que por tanto no se pueden seguir pagando. No podemos ir en contra de una sentencia".

En este sentido, la misma fuente recalca que La resolución también señala "todo ello sin perjuicio de la aplicación de la normativa estatal que sobre esta materia pudiera dictarse con carácter básico en el futuro, del desarrollo legislativo o reglamentario que pudiera realizar la Comunidad Autónoma, o del estudio que se pudiera realizar con vistas al posible reconocimiento de retribuciones diferidas en los términos contenidos en el artículo 29 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público", por lo que, explican, "la UGR está abierta a buscar fórmulas futuras de reconocimiento de retribuciones a los funcionarios pero dentro del marco reglamentario que pudiera fijar la Junta en el futuro". "Ahora mismo no podemos hacer otra cosa que dar cumplimiento a la resolución judicial", finaliza la respuesta dada por la Universidad.