El sindicato USTEA denunció "la práctica fraudulenta" de la Consejería de Educación con respecto a las ratios y señaló que en Andalucía hay "373 unidades escolares" que se encuentran "masificadas de manera totalmente irregular". En Granada, donde Ustea estima 142 unidades con ratio por encima de lo que marca la norma, el sindicato indica que se han cerrado nueve clases en colegios.

"En estas unidades dan clase unos 10.572 alumnos y alumnas. Entendemos que estos números suponen un mínimo, por la sencilla razón de que la detección de grupos escolares con masificación ilegal se ha debido a un pequeño sondeo en cada provincia andaluza", añade el sindicato, que señala que "los datos se obtuvieron de un muestreo y no de la totalidad de los centros educativos públicos andaluces.

Para Useta, "la Consejería de Educación aplica de manera ordinaria el aumento extraordinario del 10% en la ratio escolar. Este aumento está reservado, según la norma, para alumnado que accede de manera tardía al sistema educativo español, o bien para aquellos quienes por motivos de movilidad forzosa de la unidad familiar o medidas de acogimiento, se han incorporado al centro educativo en periodo extraordinario de escolarización".

"Sin embargo, estas condicionantes no son tenidas en cuenta por los Servicios de Planificación de las delegaciones de Educación, quienes, como hemos constatado desde Ustea, introducen ese aumento excepcional de alumnado bien en periodo ordinario de escolarización, bien en periodo extraordinario, pero sin tener en cuenta las excepciones contempladas por la legislación", indican. "Es por ello por lo que es tan fácil encontrarse con un grupo con la ratio excedida: han convertido una excepción en norma.

"Las ratios ilegales suponen destrucción de unidades escolares y de empleo público docente. Por ejemplo, las 373 unidades con ratio ilegal detectadas han supuesto una destrucción de 217 unidades que deberían haberse generado para evitar el problema de la masificación ilegal en los centros sondeados. Además, han supuesto la destrucción de un mínimo de 259 empleos públicos docentes, necesarios para haber dado clase en esas unidades destruidas", indica el sindicato, que resume que "podemos afirmar que por cada 10 unidades con ratio ilegal, se destruyen 6 grupos escolares y un mínimo de 7 empleos públicos docentes".

Por otro lado, Ustea señala que la Consejería de Educación "ha cerrado 757 clases de Infantil y Primaria en colegios de todas las provincias y se ha visto obligada a crear 518, por lo que los colegios de Andalucía cuentan este curso con 239 clases menos que el anterior, a falta de conocer las supresiones en Secundaria y Bachillerato".

"Las 239 clases eliminadas en la red de centros públicos contrastan, como en años anteriores, con las cifras de la enseñanza concertada que mantiene prácticamente el mismo número de aulas", añaden, para indican que en caso de Granada se han "suprimido nueve".

"El dato más significativo es el de la supresión de clases en la etapa de Infantil, ya que supondrá la eliminación progresiva de clases en niveles supriores. La situación del alumnado con necesidades educativas especiales sigue siendo de grave desatención, a pesar de que se han creado 135 aulas específicas, ya que al déficit de profesionales de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica y personal técnico de integración social, se suma la reducción de la plantilla de orientadoras y orientadores respecto al curso anterior en 317", continúa el sindicato, que apostilla que "exigimos al señor Imbroda [consejero de Educación y Deporte] que, como titular de la Consejería de Educación, ponga fin por la vía de urgencia a esta lacra que detrae recursos a la escuela pública".