Vecinos del Albaicín piden que se retire una antena de telefonía sin licencia

La historia se repite. Tras el polémico episodio de la antena ilegal que Telefónica Movistar escondió en la chimenea de una vivienda de Bola de Oro, ahora es el barrio del Albaicín el que se revela contra un dispositivo similar instalado en la calle Horno del Hoyo.

La eliminación de la antena de telefonía móvil es una de las principales demandas en las Juntas Municipales de Distrito del Albaicín, ya que está instalada en una vivienda de escasa altura y, además, el barrio se caracteriza por su alto índice de población, lo que, según el grupo municipal socialista, "aumenta el riesgo para los habitantes de la zona".

Tanto es así que el PSOE pide al gobierno municipal que "escuche" las quejas de los vecinos y proceda a la retirada de la antena de telefonía móvil que, según asegura, carece de licencia de obras.

La responsable socialista del Albaicín, Virginia Martínez, precisa que la movilización vecinal es "muy intensa" aunque, bajo su punto de vista, "parece que a los populares no les interesa la opinión de los ciudadanos".

Así, la concejal recuerda que en las ordenanzas municipales se establecen unas distancias de seguridad para hospitales, colegios, residencias, que en este caso, no se están respetando.

Los vecinos afectados, según señala, están "muy alarmados y preocupados" por la cercanía del dispositivo y por las consecuencias y peligros para la salud que se puedan derivar.

No en vano, llevan más de un año reivindicando la retirada del poste e incluso han recogido miles de firmas, aunque el Ayuntamiento. La edil, además, recuerda que el Albaicín es un barrio protegido por la Unesco, Patrimonio Histórico de la Humanidad, por lo que necesita una especial protección por parte de las administraciones públicas.

Los Verdes, por su parte, ya presentó un escrito a la Fiscalía el pasado mes de junio para que actúe de oficio e investigue "cuántas antenas camufladas están funcionando en la capital", para lo que insta a revisar las licencias de obras y concesiones otorgadas a las empresas.

También pidió al Ministerio Fiscal que eleve la petición a los Ministerios de Salud y Consumo, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada, a efectos de que -en el ámbito de sus competencias- regulen la instalación y funcionamiento de este tipo de instalaciones.

A la Junta de Andalucía, en particular, le ha pedido que ponga en marcha el Principio de Precaución redactado en el Estatuto de Autonomía y en el que se regula la instalación de este tipo de aparatos, al tiempo que le instó a poner en marcha un procedimiento que impida la decisión exclusiva de los propietarios de los terrenos o edificaciones donde se ubiquen, a la hora de contratar su cesión a las empresas explotadoras del servicio.